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Editorial:

La traza del polonio

La traza del polonio 210, material altamente radiactivo con el que se envenenó el 1 de noviembre pasado en Londres al ex agente del KGB y refugiado político Alexandr Litvinenko, ha llevado a los servicios antiterroristas de la Policía Metropolitana a concluir que el asesinato fue obra de otro espía ruso, Andréi Lugovói, que ahora dirige una empresa de seguridad. El fiscal general inglés ha considerado que hay pruebas suficientes para acusarle de este "crimen extraordinariamente grave", y pedido al Gobierno de Blair que solicite la extradición. La negativa de Moscú, por boca de la Fiscalía General rusa, ha sido rotunda. El caso va a tensar sobremanera las relaciones entre Londres y Moscú y por extensión y solidaridad entre la UE y Rusia, que ya están en muy mal estado.

La acusación británica contra Lugovói no despeja los móviles del asesinato de un ex agente que se había vuelto crítico contra el Kremlin por otro que colaboraba con el poder. El uso del polonio 210, que en principio sólo tienen contados centros oficiales en Rusia y que deja rastros allí por donde pasa, indica que los asesinos -Lugovói estaba acompañado de dos rusos en el bar del Hotel Millennium, de Londres, donde le vertieron el material radiactivo en el té- querían que se supiese que el golpe tenía un carácter oficial. Quizás, como ha sugerido Martin Sixsmith en un libro sobre el caso, no viniera de las esferas más altas del KGB (hoy FSB), sino de sus escalafones medios, con el mensaje de que esa organización, columna vertebral de la nueva Rusia, no tolera traidores. Tampoco cabe excluir que responda a las luchas en el Kremlin por la sucesión de Putin en la presidencia del país.

Sea como sea, el caso llega cuando Occidente acumula problemas con Rusia, desde las críticas al silenciamiento de toda oposición o pluralidad mediática, las tiranteces con Estonia y Polonia, el uso de la energía como elemento de presión, o la posición rusa respecto a Irán o Kosovo en el Consejo de Seguridad. Sin duda, Moscú ha recuperado protagonismo y capacidad de presión. Pero ni Londres ni la UE deben arrugarse ante este crimen.

Claro que tampoco los británicos deberían permitir que un magnate ruso como Borís Berezovsky, que también conocía a Litvinenko y que vive en Londres como refugiado político, lance llamamientos públicos para un golpe de Estado contra Putin, razón por la que Moscú ha pedido su extradición. Si

la Constitución de Rusia impide conceder la extradición de un nacional, también ese país es firmante del Convenio de Extradición del Consejo de Europa, que la permite. En último término, si realmente no hay posibilidades de extraditarlo, Lugovói debe ser juzgado en su propio país, lo que pondría al Kremlin en un aprieto y le obligaría a hacer la luz sobre este oscuro episodio. Europa no puede dormir tranquila sabiendo que hay agentes con polonio 210 sueltos por ahí.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de mayo de 2007