Los papeles de Salamanca

A estas alturas ya ni nos acordamos, pero los documentos que arrastra el señor de la foto en una carretilla estuvieron a punto de romper la unidad de España. Es cierto que durante los últimos tres años este país ha estado a punto de romperse quinientas o seiscientas veces (la sociedad de consumo necesita consumir rotos con la misma pasión con la que devora microondas o automóviles o calzado deportivo de marca). Pero en esta ocasión parecía que sí, que era cierto, que por fin España se iba al cuerno porque el alcalde de Salamanca, que inopinadamente (qué rayos querrá decir inopinadamente) se llama Lanzarote, tensó la situación hasta extremos insólitos. Recordaba a aquel alcalde de Móstoles que declaró la guerra a los franceses. La verdad es que muchos nos temimos lo peor.

Lo peor consistió, grotescamente, en que no dio la autorización municipal para que los furgones encargados de trasladar la documentación llegaran hasta la puerta del archivo y hubo que sacarla a mano, ahí la tienen, como si fuera material de oficina o repuestos de automóviles. Tanta pasión por la historia de España y el inopinado Lanzarote permitió que la pasearan a la vista de todos en carretilla, que es como si el obispo se presentara en la procesión del Corpus en paños menores o el Papa viajara en Vespino. Eran las siete de la mañana del 19 de enero de 2006 y hacía un frío típicamente español que pelaba.

Pero no se rompió España. Al contrario, se cerró una herida antigua, que llevaba supurando décadas, pues si ustedes se acuerdan los llamados papeles de Salamanca habían sido arrebatados (incautados, decían algunos historiadores franquistas) violentamente a instituciones y particulares catalanes por los secuaces del Generalísimo, que los utilizaron como fuente de información para perseguir a masones, comunistas y desafectos en general. Se trataba, pues, de devolvérselos a sus legítimos dueños y aquí paz y después gloria.

La resistencia de quienes detentaban aquellos bienes ajenos, sin embargo, fue de tal calibre que hubo que marear la perdiz durante años. De hecho, la reivindicación de la Generalitat era tan antigua como la democracia misma. Quiere decirse que el proceso pasó por diversas etapas, por diversos Gobiernos, por diversas situaciones administrativas, cada una más absurda que la anterior, la última de la cuales consistió en nombrar una comisión de expertos, formada por 17 miembros, para que decidiera si lo robado se devolvía o no a sus dueños. Los expertos decidieron lógicamente que sí, que había que restituir los papeles a sus propietarios y eso es lo que finalmente se llevó a cabo sin necesidad de pasar por el cadáver de Lanzarote ni de ninguno de los patriotas que habían jurado defender la propiedad sustraída hasta el último suspiro.

Asunto, pues, cerrado y liquidado para siempre. Nos quedó sin embargo la pena de que no se hubiera nombrado una comisión de inexpertos, que habría decidido lo mismo que la de expertos, ya que era de sentido común, con menos gasto. Quedan para la historia del mimetismo y de la retórica las declaraciones finales del heroico (e inopinado) Lanzarote: "Se ha desmantelado un archivo a través de la expoliación de un Gobierno que actúa en lo oscuro de la nocturnidad para pagar una hipoteca política". ¿A que parece Acebes?