Una financiación ligada al urbanismo

En este mandato municipal, la actividad económica generada por el urbanismo en los ayuntamientos casi siempre ha ido asociada a episodios de corrupción, extendiendo la mancha de sospecha en el imaginario colectivo a los 770 municipios andaluces. Ésta es una de las consecuencias de la potente imagen proyectada por la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), destapada con toda crudeza por la operación Malaya.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, considera "injusto" que el urbanismo se haya convertido en sinónimo de corrupción. "El urbanismo debe servir para financiar a los ayuntamientos y a veces se confunde al tío que se lleva el dinero a su bolsillo con el hecho de que un municipio deba estructurar sus necesidades", afirma.

El peso de la actividad inmobiliaria en los ingresos de las corporaciones locales ha aumentado año tras año. Según un informe de Virginia Pou, del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, sobre El impacto del mercado inmobiliario en las finanzas públicas, los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria en el conjunto del Estado "han pasado de representar el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales en 1992 [año de crisis en el sector] a un 31,9% en 2004".

Este informe, no obstante, advierte que si bien los ingresos por el ladrillo aumentan, también lo hacen y a un ritmo mayor los gastos por el aumento de la población en los municipios. Este incremento genera más obligaciones para los ayuntamientos (transporte público, alumbrado, recogida de basura). Un aspecto que los gobiernos locales, sostiene Pou, no tienen en cuenta con vistas al futuro. Según sus datos, el sector inmobiliario "está aportando un 32% de los ingresos municipales", pero "genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales".

Una de las cosas que más llama la atención cuando se intenta bucear en la financiación de los ayuntamientos es la poca información que existe. La FAMP carece de un mínimo banco de datos para saber, por ejemplo, cuánto pagan los ayuntamientos a sus funcionarios o cuál es el nivel salarial de las distintas policías locales de la comunidad. O qué efecto tiene el urbanismo en sus presupuestos. El propio Toscano reconoce que la FAMP no tiene una información adecuada.

Según datos de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, elaborados a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, el 43,2% de los ingresos de los ayuntamientos andaluces el ejercicio 2005 son de naturaleza tributaria. Es decir, son sus propios ingresos los que en mayor parte nutre sus recursos totales.

El 35,79% son transferencias corrientes y de capital procedentes de otras Administraciones -las del Estado suponen el 24,19%, las de Junta, el 9,39%-. Los ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales representan el 11,60%; y los activos y pasivos financieros, el 9,19%. En el año de referencia, los presupuestos de todas las entidades locales de Andalucía sumaron 9.797.758 millones de euros.

La mayor parte de la financiación procede de los impuestos directos, indirectos y de las tasas por la prestación de servicios y contribuciones especiales.

Dentro de los ingresos de carácter tributario destaca el peso que representa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor catastral de las propiedades urbanas y rústicas. El pago de lo que se conoce popularmente como la contribución representa el 27% del total de lo que ingresaron en 2005 los ayuntamientos andaluces por tributos. Aunque es un impuesto estatal, los ayuntamientos pueden aplicar una escala de gravamen que oscila entre el 0,4% y el 1,10%. En Andalucía, Huelva y Cádiz son los que aplican el tipo más alto (1,06% y 0,91%, respectivamente), frente a Córdoba y Jaén (0,61% y 0,60%).

Otra carga tributaria que ha cobrado protagonismo relacionado con la actividad inmobiliaria es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un tributo indirecto que se paga cuando se hace una obra o una reforma. Supone el 9,8% de los ingresos tributarios de los municipios.

En las propuestas de los partidos sobre financiación municipal llama la atención que no se hable de estos asuntos y que centren sus expectativas en una mayor participación en los ingresos de la Junta.