Barberá elude su responsabilidad en el funcionamiento de la central de Patraix

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eludió ayer de nuevo toda responsabilidad en la construcción de la subestación eléctrica de Patraix, que explotó el martes tras seis meses de funcionamiento. A pesar de que el equipo de gobierno del PP concedió los permisos de obra y de actividad para que la central se levantara rodeada de viviendas, Barberá insistió en mantener el cierre en espera de una reacción del Gobierno, que no decidió la ubicación. Los servicios jurídicos de Iberdrola y Red Eléctrica, que comparten la subestación, estudian cómo reactivar el servicio.

Industria señala que la central es legal y que la licencia de actividad la da el Ayuntamiento

"Es una orden un tanto singular". Con estas palabras describen los portavoces de Red Eléctrica Española la resolución de cierre de urgencia enviada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, horas después de la explosión en la subestación. El Ayuntamiento la mantiene "hasta que el Gobierno dé la cara", mientras que Industria asegura que la central es legal y la licencia es municipal.

"¡A ver si la quitan ya!". 24 horas despúes de la explosión, los vecinos de Patraix seguían ayer con los ánimos al rojo vivo. En la calle de Vicente Parra, apenas a 13 metros de los transformadores, las tertulias en los portales de las casas tenían claro que el susto fue sólo un aviso. "Un día esto explota y por dónde huimos. Aquí no hay plan de evacuación", espetó una anciana a uno de los operarios de Iberdrola que trataban de reparar los desperfectos en la fachada dañada.

A pesar de que los vecinos de las casas colindantes aseguraban que durante la noche los transformadores habían funcionado, tanto Iberdrola como Red Eléctrica Española (REE) acataron la orden municipal que obligó a cortar el suministro. Ambas compañías advirtieron al Ayuntamiento del peligro de mantener la clausura. "La subestación está en Patraix porque hace falta y cuando venga el calor y la subida del consumo tiene que estar garantizado el suministro", señalaron desde REE.

Rosario Gaitán, vecina de la calle de Ramón del Perelló, vive desde hace 16 años en Patraix. Desde hace seis meses convive cada noche con un ruido constante. Es el zumbido de los dos transformadores que dan servicio a 50.000 vecinos de la zona. "Anoche escuché un golpe estridente. Pensé que había habido otra explosión, pero al ver que ningún vecino salía a la calle pensé que estoy obsesionada", relata. "En el Ayuntamiento dicen que la culpa la tiene el Gobierno, pero a mí me da igual. Sólo sé que debía estar a 2.000 metros y la tengo en el patio de mi casa", añade.

"Estamos desviando la energía de otras subestaciones del área metropolitana y así no garantizamos que no haya fallos en el sistema", destacan en Iberdrola. A pesar de la advertencia, el equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, condicionó el levantamiento de la suspensión a que "el Gobierno se responsabilice de su edificio y asuma toda la responsabilidad".

Los servicios jurídicos de la empresa y de REE -que tiene un 20% de capital público- estudian la validez de la orden municipal que mantiene cerrada la nueva estación. "Queremos dejar claro que contamos con todos los permisos y las autorizaciones necesarias", resumen en Iberdrola. Legalidad que confirmó el ministerio de Industria que, sin embargo, insistió en que las competencias sobre la situación de la estación y la licencia de actividad "corresponden exclusivamente al Ayuntamiento de Valencia". Industria, competente en la distribución de la energía, asegura que el impacto que pueda producir una instalación eléctrica es algo a valorar por el Ayuntamiento correspondiente.

La Sindic de Greuges, Emilia Caballero, informa Ezequiel Moltó, recordó que el pasado enero se dirigió al Ayuntamiento de Valencia y a la Consejería de Territorio y Vivienda en una resolución en la que resaltaba que la subestación está sujeta a licencia de actividad calificada o ambiental, y que los propios técnicos municipales señalan que la actividad a desarrollar por la subestación debe ser calificada como "peligrosa". Caballero, en un recordatorio que no es habitual, consideró que con su funcionamiento se generan ruidos y "radiaciones", además de "un evidente riesgo de que se produzcan incendios y explosiones, como por desgracia hemos tenido ocasión de comprobar".