Enredados en una autopista

Cuatro años después, La Rioja repite duelo. El presidente regional, Pedro Sanz (PP), que adquirió notoriedad nacional tras la supuesta grabación del discurso de Zapatero en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado el pasado enero, vuelve a enfrentarse al socialista Francisco Martínez Aldama. Sanz abordaría su cuarto mandato, si ganara, aunque los socialistas creen que, por primera vez en 12 años, pueden desalojarlo de la presidencia con el apoyo del Partido Riojano. La Sanidad, el peaje de la autopista que articula la región, el gasto en Educación y la actitud ante la inmigración prometen ser los ejes de campaña.

INFRAESTRUCTURAS No al peaje de la AP-68

Conectados con Vitoria, Bilbao, Pamplona y Zaragoza por autopista e indirectamente con Madrid por Miranda de Ebro, con un aeropuerto inaugurado hace apenas cuatro años y unidos por ferrocarril con Madrid (340 kilómetros) en tres horas y 40 minutos, los riojanos se consideran víctimas de un déficit de infraestructuras hábilmente utilizado por el presidente Sanz en su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central del PSOE.

La queja fundamental es el peaje de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), que atraviesa la región desde Haro hasta Alfaro. El Gobierno riojano propone liberalizarla "con o sin la ayuda de Fomento" y los mandatarios del PP no dejan de acusar al Ejecutivo central "de no hacer nada" por los riojanos.

Esas invectivas no se lanzaron, sin embargo, contra el Gobierno de José María Aznar, que en 2000 prorrogó la concesión de la autopista, que finalizaba en 2011, hasta 2026, lo que hizo el rescate mucho menos abordable.

Zapatero zanjó ayer la polémica al anunciar la eliminación del peaje entre Agoncillo y Cenicero en septiembre. Además, ya está en marcha el desdoblamiento de la N-232, que transcurre paralela a la AP-68. La nueva autovía, en fase de proyecto, podría estar en 2011.

SALUD La 'T-4' de la sanidad riojana

La inversión estrella del Gobierno regional durante la pasada legislatura, el buque insignia del Ejecutivo riojano, la nueva infraestructura en boca de todos, es el hospital San Pedro, a las afueras de Logroño. Sus dimensiones lo han hecho acreedor del sobrenombre de la T-4 y su capitalización electoral por parte del presidente regional ha sido tal, que muchos lo conocen como hospital Sanz Pedro.

Pero, tras su apresurada inauguración, el pasado 1 de marzo, usuarios y sindicatos han denunciado repetidamente las deficiencias del gigante. El centro se abrió al público sin que se terminaran sus accesos y los aparcamientos, lo que origina enormes atascos a su entrada. Sus profesionales se han quejado de las largas distancias entre las plantas y determinados servicios, que llegan a alcanzar los 15 minutos, así como del desconocimiento por parte del personal del nuevo sistema informático, que, afirman, ha llegado a originar retrasos de ocho horas en urgencias.

"Su utilización electoral por parte del Gobierno regional ha sido tal, que algunos supervisores han recibido la instrucción de no poner más de un enfermo por habitación hasta que pasen las autonómicas, con los consiguientes retrasos", explica Francisco Javier del Hoyo, responsable de Sanidad del Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR).

La Rioja es, año tras año, la comunidad con mayor gasto sanitario por persona y año (1.525,57 euros en 2007), pero tanto STAR como UGT y CC OO observan una fuerte tendencia a la privatización. El segundo hospital de la región, el de Calahorra, es de gestión privada (pertenece a la Fundación Hospital de Calahorra) y varias especialidades y servicios han sido privatizados (radiología o banco de sangre). "A pesar del enorme gasto sanitario, los riojanos tienen que salir de la región para determinadas pruebas cardíacas o traumatológicas", asegura Javier Granda, secretario regional de UGT.

EDUCACIÓN Baja la inversión

La Rioja está a la cola de España -sólo superada por Baleares y Madrid- en gasto público en Educación (el 3% del PIB), 1,4 puntos por debajo de la media española (4,4% del PIB) y 3,1 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE (6,1%), según los últimos datos de la Federación de Enseñanza de UGT. Tanto los sindicatos como los padres de alumnos de centros públicos consideran que, desde la llegada del PP al poder en 1995, el Gobierno regional ha primado los conciertos con centros privados sobre la inversión en los públicos, y entre las promesas electorales del PP, se encuentra la de concertar también el bachillerato.

Esa política ha concentrado a los alumnos extranjeros -cada vez más numerosos- en los centros pertenecientes a la consejería, en los que, sin embargo, no se ha reforzado el profesorado. "En algunos colegios, la población inmigrante asciende al 70% y en un instituto se encuentran representadas 37 nacionalidades", asegura Gregorio Martín, portavoz de la Federación de Padres de Alumnos (FAPA) de La Rioja.

Por eso, los padres han solicitado una "ventanilla única": que sea la consejería la que decida sobre el acceso tanto para los centros concertados como para los públicos, y no sólo para estos últimos. Al mismo tiempo, exigen más recursos para los públicos. "No es lo mismo un aula de 30 alumnos en los Maristas que en cualquier centro de la consejería", asegura Martín.

Sólo en Logroño, según sus datos, las solicitudes de matrículas para centros concentrados durante este curso fueron 811, frente a las 765 de los públicos.

En cuanto a la educación infantil, preocupa la escasez de plazas en guarderías públicas (184 en Logroño, donde se concentra la mitad de la población, frente a las 1.306 privadas). El PP ha intentado resolver el problema mediante becas de guardería o chiquibecas, de entre 70 y 150 euros al mes. Esa cantidad no alcanza las tarifas de los centros con la consiguiente desigualdad para las familias desfavorecidas.

INMIGRACIÓN Trabas a los 'sin papeles'

La agricultura (vid, fruta, hortalizas), la construcción y, en definitiva, la pujanza económica de La Rioja -la séptima comunidad en renta per cápita con 23.495 euros-, la han convertido en centro de atracción de inmigrantes. De los 306.377 habitantes empadronados que tenía en 2006, 29.971 (casi el 10%) eran extracomunitarios, según el INE, y de ellos, 21.597 tenían permiso de residencia en vigor en marzo de este año, según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración.

Sindicatos y patronal consideran "muy positiva" la inmigración y subrayan que contribuye de forma importante al desarrollo riojano, lo que contrasta con la actitud beligerante del PP hacia los extranjeros. En declaraciones al diario El Mundo, el pasado febrero, el presidente Sanz habló del riesgo de "conquista" y los "conflictos" que, a su entender, se generan "al permitirles todo".

"Lo malo es que no son sólo palabras", responde Carol Benito, de la ONG de apoyo a inmigrantes Rioja Acoge. "En algunos ayuntamientos, como el de Logroño, los extranjeros sin regularizar tienen que demostrar que han vivido en España seis meses para que se les empadrone y así tengan acceso a la sanidad y la educación de sus hijos".