Pisos protegidos en subasta electoral

Sevilla tiene la mitad de población que Barcelona, pero en los próximos cuatro años su Ayuntamiento construirá 6.000 pisos protegidos más que el de la capital catalana. La previsión se cumplirá si los alcaldes de las dos ciudades, ambos socialistas, repiten en el cargo y aplican a rajatabla su programa electoral. El sevillano Alfredo Sánchez ha prometido al menos 18.000 viviendas, mientras que Jordi Hereu asegura que construirá 12.000. Todos los candidatos, alardeando de diferente grado de ambición, afrontan las elecciones del día 27 con planes de construcción masiva de vivienda protegida. La feria Construmat, inaugurada ayer en Barcelona, se ha convertido en su escaparate de autopromoción.

Las promesas son tan variadas como difíciles de cumplir. Falta suelo público y hay dudas fundamentadas sobre la capacidad técnica para hacer realidad en tan poco tiempo todos los pisos prometidos. Pese a todo, el Gobierno catalán mantiene que construirá 50.000 esta legislatura en colaboración con los ayuntamientos. Pero aun así, Cataluña en general y Barcelona en particular podrían continuar estando en el furgón de cola de las zonas con más vivienda protegida.

Por ejemplo: todas las formaciones de Sevilla, incluido el PSOE, creen que podrán construir entre 18.000 y 25.000 pisos esta legislatura. En Madrid, los socialistas desbordan al alcalde Gallardón y prometen 40.000 viviendas, lo mismo que Izquierda Unida. El PP, que defiende una distribución homogénea de los pisos entre todos los municipios colindantes, sólo promete 8.000 en la capital. Los ambiciosos proyectos del Gobierno regional de Madrid y del Ayuntamiento de la capital se exhiben, precisamente, en el salón Construmat. Ayer comenzaron a desfilar por el salón todos los políticos en campaña.

Pero ¿qué pasa en Barcelona? El socialista Jordi Hereu defiende que la suya es la única visión "realista". El alcalde propone construir 12.000 pisos en cuatro años y la expropiación de solares y fincas abandonadas para crear vivienda social. El convergente Xavier Trias dio la campanada el pasado sábado con su propuesta estrella: construir 10.000 viviendas en los muelles del puerto.

Trias y Hereu polemizaron ayer cara a cara sobre el problema de la vivienda. En el debate organizado por Radio Barcelona y Localia, Trias volvió a acusar a Hereu de haber malvendido miles de metros cuadrados de terreno público en la zona del Fórum. Hereu se defendió como lo ha venido haciendo durante toda la precampaña: "vendimos terreno, pero hemos comprado más del que hemos vendido; el balance es positivo".

Alquiler forzoso

El Partido Popular apuesta, al igual que Hereu, por construir 12.000 viviendas. Alberto Fernández Díaz también confía en que nuevos incentivos fiscales hagan aflorar 10.000 viviendas más para el mercado de alquiler. Esquerra e Iniciativa también confían en que se podrán hacer realidad al menos 10.000 nuevos pisos, además de poner en marcha nuevos planes para construir viviendas para jubilados y discapacitados. Ciutadans no propone cifras, pero sí marca posiciones al proponer que toda la vivienda pública sea de alquiler.

Los partidos coinciden en las cifras, pero no en los métodos. Todas las formaciones tienen la mirada puesta en la Ley de Acceso a la Vivienda que se tramita en el Parlament. La voluntad de acuerdo es palpable, pero hay escollos, sobre todo de carácter ideológico. El principal obstáculo para el consenso es la voluntad de las izquierdas de que la ley pueda obligar a los propietarios de pisos a ponerlos en el mercado de alquiler en caso de no estar desocupados durante un largo periodo de tiempo.

CiU y PP lo rechazan de plano porque entienden que la cláusula supone introducir "dosis de ideología" en la ley. La izquierda lo admite en cierta forma, pero argumenta que descartar la medida puede introducir otro tipo de ideología. Jordi Hereu defendió ayer la medida en su visita a Construmat. "No creo que forzar el alquiler de pisos aporte mucha vivienda al mercado. Estoy de acuerdo con la idea, pero debemos priorizar la construcción de pisos protegidos", dijo Hereu.

CiU y PP aspiran, en cualquier caso, a que el alquiler forzoso por ley caiga en el olvido de la misma forma que la polémica iniciativa ya no figura en el borrador del Pacto Nacional de la Vivienda. El Gobierno catalán decidió no incluir la idea en este texto para agilizar su negociación e intentar alcanzar un acuerdo el próximo verano. Pasadas las elecciones municipales, las aguas bajarán más tranquilas y los acuerdos serán más factibles.