"Mi socio dice que no paga" "Vale, voy a pararle la obra"

"He estado con el socio y dice que no paga un duro, y menos a una empresa fuera del Ayuntamiento". "Pues entonces ya está. Yo voy a pararle la obra y vamos a hacerle una revisión de licencia". Ésta es la conversación que mantuvieron el 18 de enero el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga, 21.000 habitantes), Gregorio Guerra, y un promotor. Horas después fueron detenidos el edil y el alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, ambos del PP.

Tras salir en libertad bajo fianza de 100.000 euros, acusado de cohecho y prevaricación, Juan Martín Serón atribuyó su arresto a una maniobra política del Gobierno socialista. Sin embargo, las detenciones se precipitaron por la conversación que el edil de Urbanismo mantuvo con un promotor inmobiliario y que éste grabó bajo control judicial.

En la grabación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, queda en evidencia cómo el concejal exigió el pago de una comisión de 121.600 euros que debía cobrar una empresa supuestamente vinculada al alcalde y, ante la negativa del promotor a pagar, le amenaza con parar la obra. El edil llega a reconocer que la licencia que se le concedió es ilegal.

"Tú sabes todo lo que ha pasado y los informes negativos de Miguel Ángel [el técnico municipal], que ha habido que hacerlos positivos. [...] Tampoco es muy legal la obra que [os] hemos dado allí; qué quieres que te diga; ahí iban cuatro o cinco casitas", afirma el edil en la conversación grabada.