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Editorial:

Armas anticorrupción

La nueva Ley del Suelo que ha aprobado el Congreso constituye un útil instrumento para controlar el disparatado mercado de la vivienda que en los últimos lustros ha causado una burbuja inmobiliaria y múltiples casos de corrupción. Las piezas decisivas de la ley son un nuevo sistema de valoración de los suelos que incluirá tan sólo la capitalización de sus rentas, la reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos para viviendas protegidas, la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando impliquen un crecimiento superior al 20% de la población o del suelo urbanizable, y la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos tengan que ser aprobados en los plenos municipales.

La nueva norma toma nota de los abusos más evidentes del urbanismo salvaje de los últimos años -simbolizados por el caso Seseña- y se aplica a procurar los instrumentos legales para evitar tales irregularidades. Lo mejor que se puede decir de ella es que proporciona algunos resortes legales para frenar la especulación salvaje. Pero está fuera de lugar la explosión de optimismo que ha desplegado el Gobierno. De creer el discurso pronunciado el jueves en el Congreso por el presidente Zapatero, la nueva norma tendrá efectos casi milagrosos contra la especulación y procurará un abaratamiento de la vivienda. No hay tal. El precio de los pisos se está desacelerando en los últimos trimestres debido principalmente a un descenso de la demanda; los efectos de la ley, a partir del 1 de julio, quizá contribuyan a moderar un poco más las subidas de precios, pero salta a la vista el carácter complementario de medidas tales como la nueva valoración del suelo urbanizable.

Sobre la corrupción urbanística, de la que se han destapado numerosos casos, es un fenómeno de motivaciones tan variadas que es excesivo intentar atajarla a partir de un solo conjunto de normas. Contribuirá la Ley del Suelo, pero también la de Financiación de los Partidos Políticos; los mecanismos que se articulen para proporcionar financiación a los ayuntamientos; los medios que se entreguen a la Fiscalía Anticorrupción; así como los controles externos que se instauren en las alcaldías para frenar o dar publicidad de los abusos. Contra la corrupción queda mucho por hacer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de mayo de 2007