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El Tribunal de Estrasburgo da un varapalo a Garzón y al Supremo por la condena de Vera

El alto tribunal europeo entiende que se vulneró el derecho a un proceso imparcial

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha estimado la demanda que interpuso el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su "parcialidad" en el proceso por el secuestro de Segundo Marey. El alto tribunal europeo entiende que se vulneró el derecho de Vera a un proceso imparcial y que aún hoy debe seguir imperando para él la "presunción de inocencia". La sentencia no es vinculante, si bien supone un varapalo para Garzón y el Tribunal Supremo español.

El Supremo condenó a Vera a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. También fueron condenados en este proceso el ex ministro del Interior José Barrionuevo, así como los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez. El caso Marey fue considerado como la primera acción de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Vera acudió a Estrasburgo alegando que había sido condenado por la Sala Penal del Supremo tras una instrucción del juez Garzón "parcial" y fruto de una "manifiesta enemistad" entre ambos durante la etapa en que coincidieron en el Ministerio del Interior. Vera también pidió la nulidad del fallo condenatorio del Supremo porque derivaba de una instrucción "parcial" y se quejó de que no se hubiese respetado su presunción de inocencia. Alegó que no estaba acreditada su intervención en los hechos por los que había sido imputado.

El tribunal le da la razón en casi todo. Y declara "por unanimidad" admisibles las quejas de Vera sobre la vulneración en su proceso "del principio de presunción de inocencia" y "el derecho a un tribunal imparcial".

La demanda ante el TEDH fue interpuesta por el catedrático de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal, quien ayer mostró su satisfacción por el veredicto del alto tribunal europeo. "Estoy profundamente satisfecho con la resolución. Es un ejemplo para todos los estudiantes de derecho, para que sepan que todavía se puede creer en la justicia de la Comunidad Europea, de la que España forma parte".

"No ajustada a derecho"

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Cobo del Rosal lamenta que la sentencia del TEDH haya llegado cuando Vera ya ha cumplido la condena que se le impuso y que ahora Europa considera "no ajustada a derecho" y fruto de "un proceso totalmente irregular", destaca el letrado.

Uno de los motivos por los que Vera acudió a Estrasburgo fue para denunciar que Garzón actuó contra él de forma parcial. Es decir, que el magistrado, "de forma extraprocesal", había obtenido información sobre el caso Marey en el marco de su etapa política como secretario de Estado contra la Droga, departamento que pertenecía al Ministerio del Interior y en el que Vera era secretario de Estado. Vera argumentó que, nada más abandonar su puesto político, Garzón regresó al juzgado, el central número 5 de la Audiencia Nacional, y reactivó el caso de Segundo Marey con información obtenida en su etapa política. A raíz de este caso, el Gobierno socialista de Felipe González cambió la ley para que ningún magistrado pudiera volver a su juzgado nada más abandonar una actividad política. El Gobierno impuso un plazo mínimo de dos años para regresar al juzgado tras dejar un cargo político.

Vera alegó, además, que el proceso penal no se desarrolló en el plazo razonablemente previsto en el artículo 6.1 del Convenio de derechos de los justiciables, ya que la causa se dilató más de 15 años entre las dos instancias judiciales españolas que lo abordaron. El caso fue instruido inicialmente por Garzón y luego pasó al Supremo, donde volvió a instruirse, tras la imputación de Barrionuevo, que era aforado.

El citado artículo 6.1 del Convenio proclama que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, y el 6.2 especifica que todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

Vera también elevó al tribunal, para justificar que había sido objeto de una persecución, fragmentos del libro La Conspiración, del ex subcomisario José Amedo, condenado a 108 años de prisión por los GAL.

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