Salvar y perder la cara
El Tribunal Supremo no sólo ha dictado una sentencia sobre las candidaturas presentadas por Acción Nacionalista Vasca impugnadas por el Gobierno; además, ha sentado doctrina sobre lo que debería haber hecho el Fiscal General y la Abogacía del Estado. De esta manera, resuelve el embrollo jurídico pero deja la partida política en tablas. El Gobierno podrá esgrimir la sentencia para decir que sus acciones contra algunas listas de un partido inscrito legalmente se han ajustado a derecho. La oposición, por su parte, podrá hacerlo para defender la idea de que Batasuna volverá a las instituciones debido a una equivocada política antiterrorista.
Mientras se sustanciaba el trámite judicial sobre las candidaturas auspiciadas por la ilegalizada Batasuna bajo la forma de agrupaciones de electores y, al menos en parte, bajo la cobertura de ANV, se han ido utilizando argumentos que superponían, confundiéndolos, varios planos de discusión. El primero tiene que ver con la estrategia política que el Estado debería seguir desde el atentado del 30 de diciembre, cuando los terroristas volaron un aparcamiento del aeropuerto de Barajas y mataron a dos personas. Con este crimen, se adentraron en un laberinto del que ahora parecen buscar desesperadamente la salida: aunque habían roto materialmente la tregua, formalmente la seguían declarando en vigor. Atrapados en su propia inconsecuencia, uno de los objetivos más reiterados de los terroristas ha sido lograr que el Gobierno asuma la ruptura formal del "proceso", en la siniestra convicción de que así podrían volver a matar responsabilizando a la otra parte. El Ejecutivo ha buscado zafarse avanzando por el filo de la navaja. La banda amenazó con "graves consecuencias" si se impedía participar en las elecciones a la izquierda abertzale. Tras el recurso del Gobierno y la sentencia del Supremo, la pelota vuelve a estar en el tejado de la banda, y a ella le corresponde decidir qué hace.
La discusión acerca de cuánto tiempo y cuáles son los límites de esta estrategia política seguida por el Gobierno se ha superpuesto a la de si es conveniente o no la existencia de una Ley de Partidos, recurrida ante el Tribunal de Estrasburgo. Bajo la inquietante expresión de "listas contaminadas", se podría esconder, en realidad, una inaceptable limitación del derecho de sufragio pasivo, puesto que, de hecho, hay ciudadanos que no pueden presentarse a las elecciones, no porque así lo haya establecido una sentencia dictada contra ellos, sino por haber militado en un partido declarado ilegal. El Ejecutivo ha asegurado que no podía actuar sin pruebas contra la totalidad de las listas de ANV porque eso equivaldría, en efecto, a disponer del derecho constitucional de todo ciudadano a ser elegido en las urnas. Se reconozca o no, a eso es a lo que obliga la vigente Ley de Partidos, y a eso es a lo que se han atenido el Ejecutivo y el Tribunal Supremo al ir contra 133 candidaturas de ANV. La oposición no ha criticado al Gobierno por una cuestión de concepto, sino de cantidad: frente a las 133 impugnadas, pedía la anulación de todas las candidaturas.
Pero, como el juego de las muñecas rusas, la discusión sobre la Ley de Partidos ha quedado subsumida a su vez en la de si el Gobierno necesita pruebas para actuar contra las listas de una formación política, o le basta con tener indicios de ilegalidad. ANV no llegaba al medio centenar de militantes un día y, al siguiente, contaba con candidatos suficientes para rellenar más de 250 listas. De esas 250, la Fiscalía y la Abogacía del Estado estimaron desde el principio que más de la mitad podían ser una continuación de la ilegalizada Batasuna. Con estos y otros indicios, y siempre de acuerdo con la vigente y discutida Ley de Partidos, ni el Gobierno ni la oposición plantearon iniciar un proceso de ilegalización de ANV, dejando que el Tribunal Supremo decidiese si los indicios constituían pruebas, sino que han polemizado sobre si había que impugnar algunas o todas las candidaturas. Y el Tribunal Supremo ha sido, en cierto modo, salomónico: ha ilegalizado las candidaturas impugnadas por el Ejecutivo, pero ha sentado doctrina diciendo que había que haber solicitado la ilegalización del partido.
Todos hemos salvado la cara o todos la hemos perdido, puesto que seguiremos sin debatir si ésta es la política antiterrorista más acertada, si es aceptable una Ley de Partidos como la vigente y si ANV es o no prolongación de Batasuna.
