Olivo declara al juez que respetó la orden sobre las obras de Armilla

El empresario Tomás Olivo declaró ayer ante el juez que investiga las irregularidades en la construcción del centro comercial de Armilla (Granada). Olivo declaró por un delito de desobediencia grave a la autoridad por haber seguido con la construcción del centro pese a que había orden judicial en sentido contrario. El promotor sostuvo ante el juez que se limitó a hacer obras para garantizar la seguridad, para lo que sí tenía permiso.

El empresario había sido citado por el juez Miguel Ángel del Arco para explicar las actuaciones realizadas en la construcción del centro comercial Nevada, que han sido paralizadas. Para garantizar la seguridad se autorizaron una serie de obras que podrían haber servido para que los trabajos continuaran. De hecho, el juez cree tener "importantes indicios" de que así había sido y que Oivo pretendía beneficiarse de los hechos consumados.

Sin embargo, durante los treinta minutos que duró la declaración de Olivo, también imputado en la Operación Malaya, el promotor negó haber realizado obras que no fueran para garantizar la seguridad. "Todas, exactamente todas las obras han sido para evitar el grave riesgo que suponía la paralización de la construcción en el estado en el que se encontraba", declaró.

De este modo, Olivo explicó que las obras acometidas en el recinto eran las autorizadas por un juez de lo Contencioso administrativo y que consistían en la "soldadura definitiva de todos los elementos metálicos". Además, la autorización permitía la colocación de "elementos de cubrición y evacuación de aguas".

En un extenso auto de 40 folios, el juez ordenó hace unos días la "paralización total e inmediata de las obras", ante las sospechas fundadas de que el empresario estaba tratando de beneficiarse de los hechos consumados. Del Arco afirmó que no podía consentir esa conducta, ya que supondría una burla a la ley. "Se intenta presionar con la creación de puestos de trabajo, de riqueza y consideración del dinero invertido", sostuvo el juez en su auto.

Además, el juez Del Arco ha dictado una resolución en la que accede a la práctica de la prueba pericial propuesta por las partes. Entre las medidas acordadas está la de conocer si la licencia de obras permite mayor edificabilidad u otros parámetros de aprovechamiento urbanístico. La prueba pericial la realizarán José Luis Gómez Ordóñez, catedrático de urbanismo de la Universidad de Granada, y Luis Moya, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid.

También ayer la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Andalucía abrió diligencias contra M.M.V, técnico de empresa Crespo y Blasco, por un grave accidente laboral durante la construcción del centro comercial.