Ladrillazo a la concertación

Un nuevo gesto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha puesto sobre la mesa un serio conflicto que el Gobierno andaluz deberá afrontar antes del fin de la legislatura. El plantón del presidente de la CEA, Santiago Herrero, a la comisión de seguimiento del VI Acuerdo de Concertación, una de las banderas más sólidas del ejecutivo de Manuel Chaves, dejó claro el pasado miércoles que la CEA hablaba muy en serio cuando en su asamblea general del pasado mes de marzo acusó a la Consejería de Obras Públicas de "deslealtad".

El punto de mira: Concepción Gutiérrez, responsable del área que ha impuesto una importante batería de normas legales para frenar la especulación urbanística y la corrupción, y a la que los empresarios no le perdonan ni su "talante autoritario" ni la modificación unilateral que introdujo en el ya famoso POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), después de haber alcanzado un consenso con la CEA.

La CEA afirma que se ha roto la confianza con la Consejería de Obras Públicas

El Ejecutivo resta importancia al plante y lo considera un error estratégico

El asunto de la construcción y las obras públicas ha sido desde hace más de tres legislaturas una batalla constante entre la patronal andaluza y el Gobierno autonómico, y su principal punto de desencuentro. Pero curiosamente fueron las consejerías de Medio Ambiente y Cultura el objeto de la ira de la patronal durante las dos anteriores legislaturas y no directamente el departamento del ramo.

Además, otra coincidencia de las crisis políticas habidas entre los diferentes Gobiernos de Manuel Chaves y la CEA es que todos los pulsos sostenidos por la patronal han coincidido con departamentos dirigidos por mujeres. A los tres citados -Obras Públicas, Medio Ambiente y Cultura- hay que unir la tensa relación mantenida con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, durante su etapa de consejera de Economía y Hacienda.

La principal queja de los empresarios hasta entonces eran los retrasos en las autorizaciones que debían emitir estos departamentos para la concesión de licencias de obras o de instalación de empresas, sobre todo cuando los terrenos tenían alguna dificultad medioambiental, contenían restos arqueológicos o podían alterar el patrimonio histórico.

No fueron ocultos los rifirrafes entre el anterior presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, y la anterior consejera y actual ministra de Cultura, Carmen Calvo. Incluso llegaron al terreno personal. Y acabaron, tras unas declaraciones altisonantes del primero, quien tuvo que zanjar la polémica organizando un acto-fiesta público de desagravio en Córdoba, cuna natal de la ahora ministra.

Tampoco fueron ocultas las tensiones con la Consejería de Medio Ambiente, en las que fuentes de este departamento afirman haber recibido en público "más de una cornada dialéctica" del empresariado. Sin embargo, la firma de un acuerdo al 100%, en la llamada política "marrón" del Medio Ambiente, con el consenso alcanzado en la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental, puso fin a esos episodios de tensión. "Las relaciones son ahora incluso muy cordiales", aseguraban ayer fuentes cercanas al departamento de Fuensanta Coves.

Las aguas en Cultura tampoco han vuelto a salirse de su cauce. Fuentes de este departamento aseguran que las relaciones son "normales, escasas pero normales", dicen. En esta legislatura CEA y Cultura han tenido poco que discutir y la relación con la nueva titular, Rosa Torres, fue la firma, hace año y medio, de un convenio de colaboración en materia cultural.

Curiosamente, las relaciones con los consejeros de las áreas más económicas, mantienen un cauce ordenado y sin sobresaltos. José Antonio Griñán (Economía y Hacienda), Antonio Fernández (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa) mantienen fluidas relaciones con la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Pero el pulso lanzado al Gobierno de Manuel Chaves tiene ahora además de las discrepancias políticas un marcado carácter personal. Los empresarios afirman que las negociaciones con Concepción Gutiérrez son misión imposible y que existe una "total desconfianza". "Sus planteamientos son imposibles de discutir. No admite razones, la razón es siempre suya, y alguna razón también pueden tener los empresarios. Gobernar no es sólo ordenar", alegan. Además, le critican el carácter autoritario que ejerce desde su posición de responsable del urbanismo andaluz. "Sólo hemos tenido desencuentros, no ha habido ni un punto positivo, y cuando lo hemos tenido ha tardado poco en incumplir el acuerdo", critican desde la patronal, que señalan a Gutiérrez como una protegida del presidente.

Los empresarios entienden que la batería de medidas legislativas en materia de urbanismo sólo ha ido dirigida a "demonizar" al sector de la construcción. "Si hay un empresario corrupto, que use la ley y se le meta en la cárcel, pero no todos los constructores son chorizos", insisten.

Otro de los motivos que ha dado pie a que la CEA pusiera el miércoles en jaque el acuerdo de concertación con su plante en la comisión de seguimiento ha sido la respuesta del Chaves, a las críticas vertidas por Santiago Herrero ante su asamblea general el pasado 23 de abril. "En Andalucía debe preservarse la existencia de un entorno de confianza y seguridad jurídica (...), que se está resquebrajando por la obcecación de algunos, esos que identifican sostenibilidad con conservacionismo o aquellos otros que confunden regulación con intervencionismo", decía el presidente de la CEA a sus asociados en marzo. Y anunciaba el arma que utilizaría en esta disputa: "El POTA y los Planes subregionales de la Costa del Sol y de la Costa Occidental de Huelva son ejemplos de lo que no debe hacer un Gobierno que tiene como bandera los seis acuerdos de concertación con los agentes sociales".

Y remataba: "El Gobierno debe evitar modificaciones en un acuerdo después de pasar por la mesa de la concertación o por el propio Consejo Económico y Social. Porque esto es una falta de lealtad, que no puede ser admitida en el seno del diálogo social"

Chaves, desde Roma, pidió entonces una rectificación a la acusación de deslealtad y recordó a Herrero que quién desarrolla la política urbanística es el Gobierno andaluz y no la CEA. La rectificación no se ha producido, al menos, en público. Desde la CEA entienden que la poca confianza que quedaba se ha disipado, pese a la carta remitida por la consejera emplazando a la patronal a una reunión sin fecha.

Pero pese al escenario que dibujan los empresarios, en el Gobierno se mantenía ayer una posición de absoluta normalidad. "Se han excusado con que no asistieron por un cambio de fecha y eso es lo único que criticamos ayer, una falta de cortesía por no avisar con tiempo", indicaban fuentes del Gobierno andaluz. "No es más que un episodio más en unas relaciones marcadas por la disparidad de criterios sobre el urbanismo", insistían ayer desde el Ejecutivo, que no obstante, calificaron el plante en la mesa de concertación como "un error estratégico de calado".