Las tres vidas de Piedad

Tiene poco más de cinco años de edad, pero tanta vida acumulada como muchos ancianos. Piedad -así se la conoce ahora- nació en octubre de 2001 en Las Palmas. Llegó en el peor momento vital de su madre, cuando, en medio de una crisis económica, social y de precaria salud mental, estaba acogida en un centro social. Una situación que la condujo a encadenarse 26 días ante las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas para reclamar una vivienda. La recién nacida estaba con ella en esta aventura, un día tras otro, hasta que, con siete meses, la Fiscalía de Menores ordenó su ingreso en un centro, en mayo de 2002.

Tres meses después, el Gobierno de Canarias la declaró en desamparo. La madre se opuso a esta medida, pero sus abogados de oficio no siguieron la causa, y se archivó. Simultáneamente, sus continuos enfrentamientos con el personal de la casa acabaron con la decisión de apartarla definitivamente de su hija.

El Gobierno de las islas entregó a la niña en preadopción sin la autorización de un juez

A partir de este momento, madre e hija comienzan vidas distintas. La mujer se sometió en 2003 a un tratamiento mental continuado y al año se recuperó. La criatura, con dos años, permanecía rodeada de otros niños como ella. A finales de 2004 se inició el proceso de preadopción y la Dirección General del Menor seleccionó a una familia de acogida en La Orotava (en la isla de Tenerife) que ya tenía dos hijos mayores y una niña asiática, también adoptada. A pesar de los cuidados que siempre tuvo, la niña, de 3 años, llegó a Tenerife con apenas 11 kilos de peso, la piel llena de eccemas, broncoespasmos y sin hábito de masticar, excepto la ropa que mordía por todas partes.

La primera noche durmió en una habitación con su nueva hermana, pero amaneció en el suelo del pasillo, tumbada, recordando su cuna en forma de cajón de madera a ras de suelo. Durante meses, cada noche, tuvo pesadillas, se despertaba, y amanecía en el suelo. Hoy, con 5 años y medio, ha ganado 10 kilos y come y duerme perfectamente, no tiene problemas en la piel y, aparentemente, es una niña normal.

Sin saberlo, esta criatura ha protagonizado una de las batallas judiciales más intensas que jamás se hayan vivido antes en Canarias. La madre interpuso en su momento una denuncia contra la decisión de prohibirle ver a su hija. Sin éxito. En 2004 presentó otra. El juicio se celebró dos años después y es ahí cuando se enteró de que su hija estaba con una familia de acogida.

El Gobierno de Canarias había cometido dos errores desencadenando esta tormenta sin precedentes: primero, no informó a la madre y, segundo, entregó a la niña a una familia sin la autorización de un juez. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas sometió a la madre a todo tipo de estudios físicos y psicológicos para concluir que está en perfectas condiciones mentales y económicas para retomar el cuidado y la educación de su hija. El verano pasado la juez ordenó la devolución de la menor a su madre.

La familia de acogida recurrió la sentencia y no entregó a la criatura. Mientras tanto, decidió dar el salto a los medios de comunicación y, para proteger la identidad de la menor, se la llamó Piedad. Cada decisión judicial fue recurrida, cada sentencia desobedecida, cada providencia de la jueza, desatendida. Ayer mismo, la Audiencia de Las Palmas volvió a ordenar que se recoja a Piedad y se la ingrese en un centro donde se iniciaría el contacto progresivo con su madre. Las fuerzas de seguridad han ido decenas de veces a buscar a la niña, pero no la encuentran.

Durante meses, partidos políticos, ayuntamientos, ONG, asociaciones de vecinos y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria se han pronunciado contra esta decisión judicial. La presión social y mediática contra la Justicia se hace realmente insostenible. La Audiencia de Las Palmas entiende que la situación de la niña es "de grave riesgo", porque "está desescolarizada y puede estar siendo sometida a maltrato psicológico por parte de sus acogedores, quienes sólo anteponen sus particulares intereses sobre el de la menor". Además, el alto tribunal impone una multa de 3.000 euros a esta familia. Más de veinte funcionarios registraron el viernes pasado cada rincón de la casa y no encontraron a Piedad.

Como último intento, esta familia ha divulgado un informe forense donde advierte que la criatura sufre una epilepsia generalizada primaria y síntomas de trastorno de angustia de separación.