Una trama dirigida por el ex jefe de Hacienda de Irún se apropió de al menos tres millones

La Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa interpuso el pasado lunes una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucción de Irún contra cuatro personas a las que acusa de haber montado una "trama" en la oficina de Hacienda de Irún que supuestamente cobraba deudas a contribuyentes a espaldas de la Diputación. La Hacienda foral dejó de percibir "al menos" tres millones de euros entre 1995 y abril de 2004 por estas prácticas. Los inculpados, dirigidos por el entonces jefe de la oficina, José María Bravo, ingresaban en cuentas a su nombre o de empresas interpuestas las cantidades que como anticipo pagaban los deudores. A cambio, los acusados les aseguraban que sus obligaciones fiscales quedaban saldadas.

Los acusados utilizaron 16 empresas y 14 bienes inmuebles para encubrir la procedencia ilícita de los cobros

Los deudores recibían un documento con un sello de la Hacienda foral que declaraba resuelta su situación

El fiscal jefe de la Audiencia de Guipúzcoa, Jaime Goyena, quien difundió ayer un comunicado dando cuenta de la marcha del caso, considera que los cuatro inculpados pueden haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, otro continuado de falsedad en documento oficial y un tercero de blanqueo de capitales. A esta conclusión ha llegado tras la investigación que inició el 12 de septiembre pasado, cuando la Diputación puso en su conocimiento un informe interno que detallaba "prácticas irregulares" en la gestión de la oficina de la Hacienda foral en Irún. El ministerio público ha trasladado el caso al Juzgado de Instrucción de esta localidad, que ahora decidirá si abre o no una investigación.

Tras siete meses de averiguaciones, el fiscal denuncia a cuatro personas de formar parte de una "trama" organizada que perseguía el "enriquecimiento" personal. La fiscalía no hizo ayer públicos los nombres de los denunciados. Entre los implicados se encuentra el ex director de la oficina de Hacienda en la localidad fronteriza, José María Bravo, hermano del senador del PNV Víctor Bravo, quien en las fechas en que se produjeron los hechos ocupaba el cargo de director general de la Hacienda foral.

La fiscalía ha podido constatar que entre 1995 y "como mínimo" abril de 2004 los cuatro inculpados formaron un grupo que se dedicó a cobrar deudas de contribuyentes a espaldas de la Diputación. Durante todo este tiempo, la Hacienda foral estuvo en manos del PNV. El fiscal sostiene que los acusados, "valiéndose del acceso directo a la información tributaria", recabaron nombres de contribuyentes morosos, con quienes contactaban para requerirles el pago de sus deudas. Los acusados ocultaban "en todo momento" que su verdadero propósito no era ingresar esas cantidades en el erario público, sino "apropiarse de ellas en su propio beneficio y en el de sus colaboradores", siempre según el fiscal.

Ante la dificultad de obtener la totalidad de la deuda, optaban por "rebajarles el importe adeudado con el propósito de estimularles a un pronto pago". Los contribuyentes que aceptaban este trato fueron personándose en la oficina de Hacienda para entregar, "unas veces en metálico y otras mediante cheque bancario", el dinero que se les reclamaba. A cambio, los acusados les expedían un documento con un sello de la Hacienda foral que declaraba extinguida la totalidad de la deuda tributaria, "ya declarándole insolvente, ya declarando prescrito el expediente".

El fiscal concreta que los deudores accedían a esta fórmula de pago "en la confianza de que [las cantidades] iban a ser ingresadas en la Hacienda de Guipúzcoa". En algún caso, los deudores tuvieron que contratar préstamos bancarios para hacer frente a los pagos exigidos.

Fuentes próximas a la Diputación han señalado que el grupo actuaba a través de una correduría radicada en la localidad fronteriza. Según las fuentes citadas, desde la oficina tributaria se iniciaba el requerimiento al moroso, al que daban la oportunidad de regularizar su situación antes de iniciar el procedimiento de embargo. Para hacer la tramitación se le recomendaba dicha correduría. Bravo figura como administrador único de la Correduría Urdanibia SL, de la que son accionistas una hermana y otras tres personas.

Todas las sumas económicas entregadas por los contribuyentes se ingresaron "en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o de entidades mercantiles interpuestas", según el ministerio público. Para llevar adelante estas operaciones y "encubrir la ilícita procedencia del dinero obtenido", los inculpados se sirvieron de al menos 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles. De este modo, además, se aseguraban el aprovechamiento de las cantidades económicas.

Mediante estas prácticas, los implicados en la trama lograron grandes sumas de dinero y la Hacienda foral dejó de ingresar deudas que totalizaban 3.084.292,15 euros.

El fiscal ha descubierto este presunto fraude después de haber interrogado a numerosos testigos y solicitado abundante información financiera. Para completar las investigaciones, el pasado 1 de marzo solicitó a la Fiscalía General del Estado una prórroga del plazo para continuar con las indagaciones. Entre los meses de marzo y abril pasados, una vez analizados todos los expedientes irregulares, tomó declaración como inculpadas a cinco personas. Todos comparecieron de forma voluntaria, según el fiscal, salvo uno, que se negó a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a guardar silencio.

Entre los inculpados se encuentra José María Bravo, máximo responsable de la Hacienda de Irún cuando supuestamente ocurrieron los hechos. Bravo es el gerente de un hotel de lujo situado en el municipio de Jerte (Cáceres), figura como administrador único en otras cuatro empresas y como administrador en siete sociedades más, localizadas entre Guipúzcoa y dicha provincia extremeña.

Bravo reconoció ayer que acudió a declarar ante el fiscal y que se encuentra entre los imputados en la denuncia, aunque dijo que no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto. Aseguró que no tiene constancia de que su hermano haya sido investigado por este mismo caso.

La Diputación de Guipúzcoa, que propició la apertura de las investigaciones judiciales, eludió ayer pronunciarse sobre la decisión de la fiscalía.

El secretario general de los socialistas de Guipúzcoa, Miguel Buen, advirtió de que el "robo" cometido evidencia que "durante demasiado tiempo no funcionaron adecuadamente los controles políticos" en la institución foral. Y agregó: "Por desgracia, no serán sólo tres millones y también por desgracia sólo se podrán probar esos tres millones".

Regina Otaola, candidata del Partido Popular a diputada general, declaró que la denuncia del fiscal "viene a confirmar que la corrupción se ha apoderado de la Hacienda foral" y que el caso "salpica también al actual Gobierno" provincial.

Ezker Batua y Aralar exigieron la depuración de responsabilidades políticas de las personas que gobernaron entre 1995 y 2004. El pleno de las Juntas Generales aprobó por unanimidad a mediados de febrero la creación de una comisión de investigación para determinar si cabe imputar responsabilidades políticas por lo sucedido.