Un juez investiga una denuncia por cohecho contra el alcalde y un edil de Aljaraque

Un juzgado de Huelva está investigando una denuncia de un constructor y ex militante del PP, Rafael Barroso, contra el alcalde de Aljaraque (Huelva), Juan Manuel Orta, y su concejal de Urbanismo, Casto Pino Galán. El empresario acusa a los políticos, ambos del PP, de cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. El denunciante afirma que entre los dos podrían poseer un patrimonio de 60 millones de euros. Ni Orta ni Pino se presentan a la reelección el 27 de mayo. Orta negó la acusación del empresario.

El periódico Odiel Información de Huelva avanzó ayer que la denuncia fue presentada en la Fiscalía Anticorrupción y que ésta la remitió al fiscal de Huelva, que, a su vez, la envió a los juzgados onubenses.

En la denuncia, el empresario acusa a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con siete empresas inmobiliarias (Minas de Tharsis, Tergolf, SL; Nuevo Corrales, SA; Galia, SA y Aliga, SA; Inversiones Aldar, SL; Grupo Prasa e Inmobiliaria Bayo). En concreto, Barroso acusa a Orta y Pino de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal.

El denunciante pone en relación estas irregularidades con el espectacular crecimiento urbanístico que se ha vivido en Aljaraque en los últimos años Él mismo dice haber sido objeto de "chantaje" al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo para obtener una licencia municipal de obras.

En el escrito de denuncia, el ex militante del PP afirma que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establezcan por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".

El mismo Barroso considera que estas cantidades son "difíciles de calcular", pero cree verosímil que "teniendo en cuenta su nivel de vida (...) y el control férreo y personalista que ejercen sobre todo el urbanismo del municipio se les podría calcular un patrimonio personal entre ambos

de unos 60 millones de euros".

Según afirma Barroso, el cobro de las comisiones ilegales era invertido en "bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades (...) y, evidentemente para la compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes, ocio, joyas...".

En el escrito de denuncia que investiga el juzgado de Huelva, Barroso detalla la relación de bienes que, presuntamente, Orta y Pino poseen y estima el valor de los mismos. Del regidor, Rafael Barroso desgrana una finca rústica de 35.000 metros en Aljaraque que compró en 1999 por 30.050 euros y vendió en 2003, obteniendo un beneficio de más de 300.000 euros; una parcela urbana en el mismo pueblo de 1.200 metros cuadrados por valor de 200.000 euros; un chalé de tres plantas (valorado en 600.000 euros); una vivienda en La Redondela (valorada en 200.000 euros); un solar en el mismo municipio (150.000 euros); y una vivienda en Sierra Nevada, de la que no especifica su valor.

En cuanto a Casto Pino, el denunciante afirma que, entre él y su esposa poseen un terreno rústico en Aljaraque de 21.250 metros cuadrados comprado en 1999 y cuyo valor actual sería de 255.000 euros. Además, tendrían, presuntamente, un terreno rústico de 17.000 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros; una parcela de 1.200metros cuadrados con un chalé de 500 metros cuadrados valorados en más de un millón de euros; dos edificios industriales en el polígono La Raya, obtenidos, según Barroso, tras un pelotazo urbanístico de 12 millones de euros; un finca en Alosno valorada en más de 10 millones de euros y sendas viviendas en Punta Umbría y Huelva capital.

Negación del alcalde

Orta salió ayer al paso de la denuncia y anunció que la próxima semana va a presentar una querella criminal contra el promotor. El alcalde negó poseer "ni de lejos" las que dice Barroso, pero no quiso entrar en detalles. "No tengo por qué defenderme de unas acusaciones que son totalmente falsas", dijo.

El alcalde relaciona la denuncia con un hecho ocurrido en 2003, cuando el Ayuntamiento le prohibió a Barroso la venta de unos apartamentos en terreno rústico.

Orta recuerda que en noviembre de 2006, este promotor solicitó al Consistorio que transformara en terreno urbano una zona que no estaba recogida como tal en el Plan General de Ordenación Urbana. "A lo que también nos negamos", dijo. Orta afirma que al mismo promotor se le han presentado dos denuncias en el Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PP.