Una controvertida readmisión
El posible regreso a la UPV de los profesores asociados excluidos en los noventa crea resquemores y rechazo en los departamentos
La posible reincorporación de antiguos profesores asociados, entre ellos los llamados "irreductibles" que han mantenido durante casi quince años su protesta en el acceso al campus de Leioa, además de protagonizar diversos incidentes, ha abierto viejas heridas en la UPV. Varios departamentos a los que podrían ir estos docentes ha expresado al Rectorado su desacuerdo con esta medida, que consideran contraria a la política de rejuvenecimiento y cualificación del profesorado y una "intromisión inconstitucional en la autonomía universitaria".
El conflicto se remonta a principios de los noventa, cuando un numeroso grupo de profesores reivindicó, por motivos ideológicos, un contrato laboral con la Universidad que les permitiera sortear una vinculación con "la Administración española". Al no ser factible legalmente, unos abandonaron la UPV y la mayoría terminó aceptando el contrato administrativo que se le ofrecía. Al final, sólo resistieron los seis profesores "de la puerta", que siguen manifestándose día tras día en la entrada del campus y originaron episodios de gran tensión.
Los beneficiarios podrán acceder a un contrato laboral de tres años sin hacer oposición alguna
Los 'profesores de la puerta' han supuesto un dolor de cabeza para todos los rectores
Una disposición transitoria de la Ley de Sistema Universitario Vasco, impulsada en 2004 por Ángeles Iztueta (EA), abrió la puerta al regreso a quienes fueron asociados a tiempo completo durante al menos cinco años. Esta cláusula, incluida para conseguir el apoyo a la ley de Euskal Herritarrok (sucesora de Herri Batasuna), quedó paralizada por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. Sin embargo, el Ejecutivo socialista lo levantó en noviembre, para obtener el respaldo del PNV a la modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que a su vez incluía desde 2001 la figura del profesor con contrato laboral.
El Consejo de Gobierno de la UPV abrió el 17 de abril el plazo para solicitar la readmisión. La Agencia de Evaluación vasca hará un informe sobre los currículos y mandará una propuesta a los departamentos afectados. De este modo, los profesores podrán acceder sin realizar oposición alguna a un contrato laboral de tres años, durante los cuales podrán dar pasos para conseguir un contrato fijo. Preguntado sobre la cuestión, el Rectorado se ha limitado a indicar que su obligación "es cumplir las leyes", mientras que los profesores de la puerta tampoco han querido opinar sobre la medida ni adelantar si presentarán sus solicitudes.
El disgusto de algunos de los departamentos que pueden verse afectados por la readmisión de los asociados -su número no está precisado- tiene su origen en los altercados y amenazas que protagonizaron en los noventa. "Si se hubieran limitado a estar en la puerta nadie les habría dicho nada, pero acosaron a compañeros y obligaron la suspensión de clases, entre otros incidentes", recuerda Pello Salaburu, rector entre 1996 y 2000. Iñaki Iriarte, actual director del departamento Periodismo II, recuerda la gravedad de los conflictos en su facultad: "Hubo situaciones muy tensas. Los sustitutos que ocuparon sus plazas tuvieron grandes problemas y hubo que poner ertzainas en los pasillos".
La Facultad de Ciencia y Tecnología fue también testigo de conflictos. "El secretario y el director del departamento llevaron escolta por amenazas en la prensa afín [a los asociados que protestaban]. Los miembros del departamento hemos decidido por unanimidad que no queremos que esa persona vuelva", declara el profesor Juan Miguel Aguirregabiria, anterior director del Departamento de Física Teórica. Además de esa desagradable experiencia, su postura se basa en la convicción de que la disposición transitoria de la ley que permite la readmisión constituye "una clara intromisión inconstitucional a la autonomía universitaria. Nadie puede decir a la Universidad a quién puede contratar y a quién no", destaca el físico.
A mediados de abril, al enterarse de que el asunto iba al Consejo de Gobierno de la UPV, los miembros del departamento solicitaron al rector que retirara la propuesta de resolución o votara en contra, y que, si finalmente era aprobada, se alejara a esas personas de la docencia y se aceptara la voluntad de los departamentos. Simultáneamente, enviaron una carta a los departamentos de Física Teórica de toda España, e incluso al Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), para pedirles que mandaran mensajes en ese sentido al rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez. "Este ha recibido cantidad de correos electrónicos", señala el actual director del departamento, Jesús Ibáñez.
Dos profesores se incorporarán previsiblemente al departamento de Periodismo I, donde varios de los actuales docentes formaron parte del grupo inicial de asociados que se negaban a ser funcionarios "del Estado español". Su directora, Carmen Peñafiel, ha manifestado que se alegra por la vuelta de ambos docentes: "Es hora de mirar al futuro en clave positiva". Otros miembros del departamento han confirmado que esa es la posición mayoritaria en su seno.
Quienes critican la puerta legal abierta señalan las prisas de Juan Ignacio Pérez por proceder a la readmisión. "La iniciativa ha partido del rector. Otras leyes se han estado incumpliendo durante años porque lo exigía la realidad de la institución. Ha puesto en marcha el mecanismo por motivos políticos e influido por sus acuerdos con LAB y STEE", señala Gonzalo Maestro, de CC OO. Lo cierto es que las protestas de los profesores de la puerta han sido un quebradero de cabeza que todos los rectores intentaron resolver, reconoce Salaburu: "Para que hubiera paz, yo retiré las denuncias [penales] que acumulaban, a cambio de que no entraran en el recinto universitario. Pero ellos no cumplieron su parte. Fue muy frustrante", relata.
¿Ochenta beneficiados?
Los responsables académicos estiman que la disposición podría beneficiar a unos 80 profesores. "Se habla de 80 para disfrazar una ley a la medida de los de la puerta", afirma Gonzalo Maestro, de CCOO. En los pasillos de la UPV se comenta con ironía que entre ellos se encontrarían el presentador Carlos Sobera o el director del Artium, Javier González de Durana. Nadie conoce a otros docentes que cumplan las condiciones y deseen volver. Maestro se muestra preocupado porque "quienes hayan fracasado en la empresa privada o estén prejubilados soliciten volver". "Si la ley beneficia a cinco, será injusta, pero si son 80 será una auténtica locura", añade, y subraya que la media de edad del profesorado de la UPV es de 51 años y el 30% tiene más de 60 años.
Ante esta realidad, algunas fuentes no entienden la disposición del Rectorado a aceptar a unos docentes veteranos y de cualificación no acreditada cuando se está planteando renovar la plantilla con jubilaciones anticipadas. El director del departamento de Física Teórica señala quiénes serán los más perjudicados por la disposición: "Los jóvenes, quienes están en las bolsas de sustitución y los investigadores Ramón y Cajal". "Es una medida injusta, porque tenemos a gente extraordinaria, formada en el extranjero, que verán discriminadas sus posibilidades para entrar", añade su compañero Juan Miguel Aguirregabiria.
UGT ha crticado que los asociados no pasarán ninguna prueba para entrar en un puesto que la institución no necesita, mientras que los profesores que prestan servicio "ven cómo su situación no acaba de regularizarse y el Rectorado no toma medidas".
