"Hay que evitar la demagogia con los siniestros"

El fiscal de delitos laborales de Madrid, Pedro Martínez, asegura que los datos sobre siniestralidad tanto en España como en la Comunidad son muy preocupantes. "Es indispensable evitar las declaraciones demagógicas y tomarse en serio de una vez por todas el mundo del trabajo", señala.

Martínez afirma que todos los estamentos deben volcarse en reducir tan altas tasas y ajustarlas, al menos, a la media europea. España tiene un índice de siniestralidad de 6,3 accidentes por cada 100.000 trabajadores, mientras que la media europea es de 4 cada 100.000.

Martínez desconfía de los datos oficiales. No es que se mienta sobre ellos, sino que problemas de tipo técnico, afirma, muestran que suele haber grandes diferencias entre los datos que a veces se dan y la realidad. "En Madrid la diferencia entre accidentes con muerte recogidos en las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo y las muertes realmente investigadas [por jueces y fiscales] es casi el triple", se indica en la memoria de la fiscalía. De los 117 accidentes mortales con víctima en la Comunidad en 2006, el 69,70% de ellos ocurrieron en el centro habitual de trabajo. Los accidentes mortales al ir o volver del trabajo, llamados in itínere, representaron el 30,36% del total. Según la memoria, en 2006 se ha producido un aumento generalizado en el total de los accidentes de trabajo en todos los sectores: en concreto, en agricultura, industria, construcción y servicios, con incrementos del 5,40%, 6,76%, 15,18% y 8,84%, respectivamente.

Martínez aplaude la iniciativa de crear un único Fiscal de Sala en el Tribunal Supremo para coordinar la lucha contra la siniestralidad laboral en todo el territorio nacional, pero entiende "que es una respuesta claramente insuficiente". Lamenta, por ejemplo, que el Cuerpo Nacional de Policía haya "abandonado" la investigación de estos delitos en capitales como Madrid para dedicarse a otras tareas. "Esto evidencia la desatención por parte de los poderes públicos a los problemas de los trabajadores, lo que ha producido, de hecho, una privatización mercantilista de la siniestralidad laboral, reduciéndola a dilucidar intereses privados, fundamentalmente la cuantía de una indemnización a una víctima".