El fiscal denuncia que sólo se investiga un tercio de las muertes y lesiones laborales

Los jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid apenas investigan "un tercio" de las muertes y lesiones graves que se producen en los puestos de trabajo, según insiste el fiscal coordinador de delitos laborales de la Comunidad, Pedro Martínez, en la memoria de la fiscalía sobre siniestralidad correspondiente a 2006. Los datos que recoge la memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, no son positivos para la Comunidad de Madrid: según refleja el citado documento de la Fiscalía de Madrid, en 2006 la región registró 117 muertes, cuatro más que en 2005, y se contabilizaron 158.398 accidentes, 13.998 más (casi un 10%) que un año antes.

¿Por qué sólo se investigan un tercio de las muertes y lesiones graves? Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, los servicios de urgencia sanitarios trasladan de inmediato a los heridos a los hospitales y los médicos, ignorantes de lo sucedido, se limitan a certificar que se ha producido una muerte o una lesión, pero sin especificar el motivo.

Al no recibir los jueces y fiscales noticias del posible delito, puesto que nadie hace el oportuno atestado, éste queda impune. Los inspectores de Trabajo sí suelen levantar atestados de todos los accidentes, pero, según denuncia el fiscal coordinador de delitos laborales, la fiscalía suele recibir esos atestados y tener conocimiento del accidente meses después de ocurrido, "cuando ya las pruebas incriminatorias han desaparecido".

En la memoria sobre la siniestralidad en 2006 se indica: "Es cierto que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social interviene en todos los casos, o casi todos, pero cuando remite el acta de infracción al juzgado o a la fiscalía han pasado varios meses y la investigación a efectos penales ya no es viable, por haber desaparecido todo tipo de indicios del delito".

Los jueces, en cambio, sí tienen conocimiento de los accidentes cuando el trabajador queda muerto en el tajo, dado que en ese caso tiene que ir a levantar el cadáver e inician la investigación sobre la marcha.

En capitales como Madrid, el Cuerpo Nacional de Policía, dedicado más a tareas de seguridad ciudadana, prácticamente no ha acudido a ningún accidente laboral en los últimos años ni ha levantado atestados sobre ello. El juez suele basarse en esos atestados para abrir las investigaciones. "Si le llega un parte médico diciendo que una persona ha muerto en un accidente, sin más, lo normal es que termine archivado, como ha ocurrido en los últimos años", explica el fiscal de delitos laborales. La tarea de ir a todos los accidentes y elaborar los oportunos atestados para elevarlos al juez o al fiscal la está desarrollando en los últimos meses la Policía Local de Madrid. Según la memoria, en la capital madrileña se empezó a paliar en parte el citado problema en septiembre del año pasado, lo que ha frenado la alta tasa de impunidad. Fue gracias a un convenio que firmaron la fiscalía, el decanato de los juzgados y el Ayuntamiento de la capital. Ese convenio se ha traducido en la creación de una brigada de agentes de la Policía Municipal, a las órdenes del oficial Pablo Enrique Rodríguez, dedicada en exclusiva a investigar delitos laborales y a elaborar los correspondientes atestados a pie de tajo y sin dilaciones. Los servicios sanitarios de la Comunidad tienen orden de avisar a estos agentes, cuya labor también es preventiva, en cuanto se produce un accidente. Los policías acuden al lugar, recogen pruebas y elaboran el atestado, bajo supervisión del fiscal. En sus primeros seis meses de funcionamiento, este grupo ha redactado 495 atestados de accidentes, 69 de ellos de lesiones graves.

Nuevo convenio

El fiscal asegura que la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Empleo y de la Mujer, Juan José Güemes, también está sensibilizada con este asunto. Según Martínez, es inminente la firma de otro convenio marco para extender a todos los grandes municipios de la región la intervención de la Policía Municipal -las Bescam- en la investigación de accidentes laborales. Estos equipos harán atestados de accidentes y, además, vigilarán las obras para el cumplimiento de las medidas de seguridad. También está prevista la adscripción a la fiscalía de un técnico de salud laboral y de un inspector de Trabajo. Asimismo, los médicos de los hospitales de la región remitirán a los jueces y fiscales partes detallados de todos los accidentes de trabajo que conozcan.

El fiscal Martínez lamenta en la memoria que el crecimiento económico sostenido de España en los últimos años no vaya acompañado con una mayor inversión en materia de prevención de riesgos laborales. Y llega a la siguiente conclusión: "A pesar de la ley, al empresario le resulta rentable hoy por hoy el no invertir en seguridad".