Marbella sobrevive al saqueo

Los vecinos de Marbella (Málaga) comienzan a preocuparse por la limpieza de las calles, los horarios de recogida de basuras o el alumbrado público, aunque les cuesta no desayunar cada mañana con titulares relacionados con la trama de corrupción destapada en el caso Malaya. Entre los vaivenes de sus 95 imputados, entre declaraciones y nuevas detenciones, caben otras médidas casi históricas. Se anuncia la construcción de las primeras viviendas protegidas tras los 15 años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), subvenciones para rehabilitar edificios en el casco antiguo o la apertura de bolsas de empleo.

Un año después de que la Comisión Gestora sustituyera a la corporación municipal disuelta tras la entrada en prisión de la alcaldesa Marisol Yagüe, las dependencias municipales parecen otras. Cualquier licencia de obra se mira por lupa y cada céntimo que sale de la caja queda registrado. Su austeridad choca con la imagen de una ciudad famosa por sus excesos.

La herencia del GIL: 30.000 casas ilegales, 1.000 obras irregulares y 84 autos de paralización

"Asumíamos un encargo difícil y lo hacíamos con la altura de miras de administrar y gestionar el Ayuntamiento para dejarlo en las mejores condiciones para la corporación que surgiera en las urnas", rememora Diego Martín Reyes, el presidente de la Gestora. El nuevo equipo se encontró 30.000 viviendas ilegales, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. Hoy tienen fondos suficientes para pagar los gastos ordinarios hasta diciembre de 2007 aunque la situación sigue siendo crítica.

Quince años de licencias en contra de la legalidad urbanística dieron para 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares y 84 autos que pedían la paralización de construcciones. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.

Lo primero que hizo el equipo dirigido por el vocal Rafael Duarte fue precintar las 84 construcciones, crear un servicio de disciplina urbanística y organizar un servicio jurídico que, entre otras tareas, ha comenzado a revisar los permisos ilegales detectados -un proceso lento y garantista en el que ya llevan 150 expedientes-.

"Tratamos de orientar las actuaciones hacia la política de regularización planteada por el avance del Plan General del verano de 2005, que exigía a los promotores que compensaran a la ciudad por haber edificado irregularmente", mantiene Duarte. Ahora toca negociar con los constructores para que compensen a la ciudad aportando terrenos para parques, centros escolares o equipamientos. Las demoliciones quedan en manos de los tribunales. "No podemos descartarlas porque hay víctimas, terceras personas a las que se les han tapado las vistas o se les han ocupado los jardines de al lado de casa, pero se decidirán en los juzgados".

Los despachos de Urbanismo de Marbella siguen tramitando licencias de obra mayor, aunque menos. El 2006 se dieron unas 100 y el año anterior se vieron unas 300.

La responsable de Personal, Josefa López, es otra de las que más trabajo ha tenido. Las sociedades municipales han visto reducidas sus plantillas en 185 puestos y la gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos que cobraban cada uno entre 4.000 y 10.000 euros mensuales, lo que ha supuesto un ahorro mensual de 164.772 euros. Los jueces están revocando algunos despidos decretados, lo que supone una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.

Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (actualmente suspendido de empleo y sueldo por segunda vez), el ex concejal del GIL Rafael González, empleado en la delegación municipal de Hacienda, y el ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, que se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes.

"Hemos intentado diferentes soluciones que la Ley no ha permitido abordar, pero se ha iniciado lo que para mí es la solución definitiva, que es la valoración y catalogación de los puestos de trabajado contratando a una empresa especializada en esta materia", mantiene Martín Reyes.

El vocal de Hacienda, Carlos Rubio (PP), define de "absoluto descontrol" la situación que encontró. "No había ni una sola contratación que se hiciera conforme a los procedimientos legales, ningún control sobre los pagos y la situación de deuda era calamitosa", explica. La primera medida que impulsó fue la centralización de las contrataciones en el Ayuntamiento, ya que hasta el momento se hacían a través de las diferentes sociedades municipales creadas en la época GIL.

Ante la enorme deuda del Ayuntamiento se impusieron unos límites de gasto que "en ningún caso" podían superar la capacidad de ingreso del Ayuntamiento. También se calculó un presupuesto "en plazo y realista". El último aprobado estaba falseado en unos 67 millones de euros, según estimaciones municipales.

Después tocó negociar con sus deudores: el Estado, la Seguridad Social y Hacienda, además de numerosos acreedores privados. "La colaboración de la Junta de Andalucía, con un anticipo de 100 millones de euros, la de la Diputación; que también dio un anticipo, y los aplazamientos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria han sido claves", subraya el presidente de la Gestora.