La gestora marbellí revisa las licencias del centro comercial de Tomás Olivo

La gestora de Marbella acordó ayer revisar las licencias de la segunda fase del centro comercial La Cañada, construido en Marbella (Málaga) por el empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya. Rafael Duarte, vocal de Urbanismo, explicó que la propuesta obedece a "la demanda de la sociedad" y busca "mantener vivo el expediente" para obligar al empresario a negociar con los redactores del plan general compensaciones para la ciudad por haber construido de forma ilegal.

El vocal delegado de Urbanismo llevó ayer a pleno la revisión de 21 licencias supuestamente irregulares, que afectan a unas 625 viviendas levantadas durante el Gobierno del Grupo Independiente Liberal al margen de la normativa urbanística. También se encuentran las licencias de los centros comerciales Camoján y la ampliación de La Cañada.

Duarte insistió en que el objetivo de la revisión de las licencias es "mantener vivo" el proceso para que la Junta o el equipo de gobierno que surja de las urnas el próximo 27-M negocien compensaciones para la ciudad en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La licencia de obra fue concedida en 2001, época en la que Julián Muñoz era alcalde, a la empresa Sociedad General de Galería Comerciales, SA. Las obras sufrieron varias paralizaciones cautelares, pero el empresario dio la orden de reanudarlas por su cuenta y riesgo. La Junta le impuso una multa de 600.000 euros y actualmente se encuentran abiertas al público y albergan numerosos establecimientos.

El negocio, situado en la parte alta de la ciudad y muy cerca de la autovía, únicamente tiene regularizado el proyecto inicial, que albergaba un supermercado Alcampo y unos multicines. El resto del complejo, en el que se incluyen negocios aledaños como una tienda de Leroy Merlin, está sujeto a revisión.

Existe una tercera fase que ampliaría la superficie del centro comercial en 300.000 metros cuadrados, para la que el promotor ha iniciado ya movimientos de tierra. Según explicó ayer el vocal de Urbanismo, una facción de esta última se encuentra impugnada judicialmente y la otra está paralizada por la gestora.

La anécdota del pleno estuvo relacionada con el precinto de dos pistas de pádel construidas ilegalmente. PP e IU votaron en contra del informe jurídico municipal, algo inédito hasta el momento.