"Hay que acabar con los retrasos injustificados en los juicios"

Javier Carazo (Jaén, 1958) es el nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, un órgano que representa a 25.000 letrados de la comunidad, el 25% de todos los colegiados en España. El pasado jueves se estrenó con una reunión en Antequera (Málaga) con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y con el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Andalucía, Juan Carlos Campos, para abordar una preocupación común: el retraso en los juicios y el colapso de muchos juzgados andaluces, como ha constatado el último informe del CGPJ.

Pregunta. ¿Salió algún compromiso de esa reunión?

Respuesta. Nos hemos fijado el compromiso de acabar con los retrasos injustificados en los juicios. Tendremos reuniones cada tres meses para analizar esta problemática e intentar aportar soluciones. Todas las partes hemos manifestado nuestra inquietud porque son los ciudadanos los que soportan estos retrasos.

"Cada vez hay más personas litigando con justicia gratuita sin tener derecho a ello"

P. ¿Pero qué medidas se pueden adoptar?

R. Hemos tomado como referencia el convenio firmado entre el TSJ de Cataluña y los abogados de esa comunidad y que establece propuestas tales como que los juicios se inicien de forma puntual, racionalizar los señalamientos (poner los juicios más complejos a primera hora) o no hacer en una misma hora más de un procedimiento, como ocurre ahora.

P. ¿Dónde están los mayores colapsos judiciales en Andalucía?

R. Hay que distinguir dos cuestiones. Por un lado, las dilaciones en los procedimientos judiciales debido a la enorme carga de trabajo, especialmente sobre los juzgados de lo contencioso administrativo que, por el hecho de haber asumido más competencias como el carné por puntos o temas de extranjería, se ven desbordados en la resolución de los asuntos. También están desbordadas las salas de lo contencioso del TSJA. Ha influido el hecho de que asuntos que antes se veían en la jurisdicción laboral ahora se ven también en el contencioso-administrativo. Es preciso dotar a los juzgados de más medios personales y materiales.

P. ¿Cómo están las relaciones con la Junta en el tema del turno de oficio y asistencia al detenido?

R. Se está pendiente de sacar un reglamento que regule todo lo concerniente a la asistencia jurídica gratuita. Tenemos que contar con más medios y más control para ver quién es acreedor de este servicio y quién no, pues cada vez son más las personas que están litigando con justicia gratuita sin tener derecho a ello [ahora pueden acogerse los que tengan ingresos mínimos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional]. Solamente en el año 2006 se prestaron en Andalucía 151.440 servicios de asistencia gratuita al detenido y 113.769 de turno de oficio, con un crecimiento espectacular en los dos últimos años, todo ello por 7.000 letrados adscritos en la comunidad. Por otro lado, este mes se va a firmar un convenio con la Consejería de Justicia para regular el servicio de orientación jurídica penitenciaria.

P. ¿Cómo afecta a los procedimientos la ausencia de ciudades de la justicia en las capitales andaluzas?

R. Afecta principalmente en la incertidumbre que produce en los ciudadanos y también en los profesionales de la justicia. La dispersión de las sedes judiciales crea unas disfunciones muy importantes y un sobrecoste para las arcas públicas por el alquiler de los edificios. A excepción de Málaga, donde parece que la ciudad de la justicia parece cercana, en el resto de capitales las perspectivas son más a medio y largo plazo.

P. El acceso a la profesión de abogado es un debate que siempre está abierto.

R. Sí, es cierto. Ahora ya tenemos una regulación por la que hemos estado luchando desde hace muchos años. Lo que ocurre es que hasta dentro de cinco años no entrará en vigor. Básicamente establece que el licenciado en Derecho que quiera ejercer tendrá que superar unas pruebas y un periodo de prácticas. Aunque nos satisface el paso dado, nos hubiera gustado otra ley de acceso y tener una mayor participación. No se trata de acotar el acceso, sino que lo que pretendemos es que haya abogados bien formados y para eso nada mejor que la Escuela de Práctica Jurídica.

P. ¿Es suficientemente representativo el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados?

R. Hasta ahora forman parte de él los 11 decanos existentes en Andalucía (los de las ocho capitales más los de los colegios históricos de Lucena, Jerez y Antequera), pero ahora pretendemos ampliarlo a 27 miembros para darle una mayor representación, 11 de los cuales serían los mismos que ahora, tres plazas para abogados de reconocido prestigio y el resto sería proporcional al número de colegiados de cada provincia.

P. ¿Está unida la profesión?

R. Sí. En cualquier caso, entre los retos que me he propuesto está acercar más este consejo a todos los letrados de Andalucía. Y en esa línea queremos celebrar de forma periódica un congreso andaluz de la abogacía, pues hasta ahora no se ha celebrado ninguno.