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La Confederación del Guadalquivir cierra 16 pozos ilegales y tramita 80 sanciones

Cada año se reciben unas 8.000 solicitudes de perforaciones por regantes y agricultores

La sequía ha obligado a buscar agua a los agricultores, aunque a veces a espaldas de la normativa. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha incoado en lo que va de año 80 expedientes sancionadores y ha procedido al precintado de 16 pozos de aguas subterráneas que no contaban con concesión o autorización administrativa. Las sanciones oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros en función del agua extraída. Los regantes demandan a la Confederación que haga efectivo su compromiso de regularizar esos acuíferos en la futura Ley de Aguas.

La confederación ha iniciado una campaña para acabar con el "importante" fraude

La proliferación de pozos subterráneos se ha acentuado en los últimos años coincidiendo con el periodo de sequía. Los agricultores han recurrido a esta vía ante la disminución de las dotaciones de riego en las últimas campañas. Y eso a pesar de que es más barato regar con aguas superficiales, donde por menos 100 euros se puede dar respuesta a una hectárea de regadío.

Las aguas subterráneas no tienen canon de agua pero incrementan los costes por los bombeos y los gastos de electricidad derivados de las perforaciones, que en algunos casos superan los 700 metros de profundidad.

Más allá de las distintas opciones que eligen los regantes, los pozos subterráneos han estado sometidos en los últimos años a una evidente anarquía por su falta de regulación.

De hecho, hasta el año 1985 las aguas subterráneas no tenían carácter público, por lo que el dueño de los pozos era el que sacaba una bolsa de agua. Un vacío legal que se pretende zanjar con la nueva Ley de Aguas pendiente de aprobación por el Gobierno.

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Hasta entonces, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha emprendido una campaña para acabar con "un importante nivel de fraude", como reconoce el comisario de Aguas, Javier Serrano.

De momento, en lo que va de año la Confederación ha abierto 80 expedientes sancionadores por la captación de aguas subterráneas sin concesión o autorización administrativa. La mayoría se concentran en las provincias de Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, aunque fue la provincia jiennense la que acaparó la mayor parte de expedientes el pasado año 2006. En 16 de esos expedientes se ha decretado como medida cautelar el precintado de los pozos.

En función a la cantidad de agua extraída la Confederación califica las infracciones como leves, menos grave, graves y muy graves. De estas últimas, con sanciones de más de 300.000 euros, sólo se ha tramitado una en lo que va de año y otra el año pasado, ambas en la provincia de Sevilla.

La mayoría son leves, con propuestas de sanción que oscilan hasta los 6.000 euros. Las menos graves se castigan con multas entre 6.000 y 30.000 euros y las graves con cantidades que van desde los 30.000 y los 300.000 euros. La mayoría de las sanciones se recurren por parte de los regantes y llegan a la vía contencioso-administrativa, aunque apenas el 10% de las sentencias da la razón a los agricultores.

Para el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Javier Serrano, la nueva Ley de Aguas "va a terminar con los derechos históricos que esgrimían los propietarios de los pozos para garantizar la sostenibilidad y el buen aprovechamiento de los recursos".

Hasta ahora se daba la paradoja de que se consideraba una infracción a la Ley de Aguas la extracción de agua subterránea, pero no estaba castigado hacer pozos en fincas privadas en base a una disposición de la Ley de Minas. Esa situación se va a corregir ahora unificando las dos disposiciones. En cualquier caso, el 50% de las solicitudes de apertura de pozos se rechazan desde la Dirección General de Minas. Sólo el año pasado se recibieron 8.000 solicitudes en la cuenca del Guadalquivir.

Los regantes piden a la Confederación que haga efectivo su compromiso de regularizar los pozos ya existentes en el marco de la nueva Ley de Aguas. "Se van a crear comunidades de usuarios para poner orden en la explotación de los pozos", comenta Cristóbal Gallego, coordinador de la Asociación de Regantes de La Loma, que agrupa a más de 10.000 agricultores que explotan unas 25.000 hectáreas de olivar en una decena de pueblos de Jaén.

Gallego reclama de la Confederación una moratoria para que cesen los expedientes sancionadores por la explotación de pozos subterráneos y que se agilice la regularización de los ya existentes. El pasado año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abrió medio centenar de expedientes por el uso de acuíferos sin legalizar a regantes de esta asociación. Gallego recuerda que la mayoría de los regantes sancionados ya habían presentado su solicitud hace años para obtener el permiso correspondiente por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Los regantes de la comarca jiennense de La Loma sostienen que han realizado inversiones cercanas a los 200 millones de euros en los últimos años (la inversión media es de 36 euros por olivo) con la que suelen obtener unos 35 hectómetros cúbicos al año que les sirve para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

El riesgo de sobreexplotación

Si hay un acuífero que refleja el peligro de sobreexplotación como consecuencia de la proliferación de pozos subterráneos es el denominado como Acuífero Carbonatado de La Loma, en la comarca de mayor producción oleícola de la provincia de Jaén. Se trata de un acuífero cuyos orígenes datan de la época jurásica, con una extensión de casi 900 kilómetros cuadrados y que, en la actualidad, permite el riego de unas 35.000 hectáreas de olivar.

Sin embargo, apenas el 30% de los sondeos con los que se extrae ese agua -más de 400 en los últimos años- cuentan con la concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, según ha denunciado el parlamentario de Izquierda Unida José Cabrero, que ha alertado del riesgo de sobreexplotación en este acuífero del que se nutren más de 10.000 agricultores de las comarcas jiennenses de La Loma y Las Villas.

Se calcula que los olivareros extraen cada año de este acuífero más de 35 hectómetros cúbicos de agua. Cada metro de sondeo cuesta algo más de 160 euros y el agua sale a unos 250 euros por hectárea al año, un precio que permite a los olivareros garantizar su producción en una campaña mala por la sequía. Los regantes defienden que han realizado inversiones de 180 millones de euros para modernizar los regadíos, pero IU ha pedido a la Junta de Andalucía un estudio sobre la situación de este acuífero y una normativa que sirva para regular el sistema de gestión de la explotación.

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