Más de 200 personas inician los trámites de la ley de dependencia

La Comunidad Valenciana dio esta semana el primer paso para aplicar la nueva ley de la dependencia, marco legal que definirá las características de las personas que no pueden valerse por sí mismas, sus grados de discapacidad y las ayudas a que tienen derecho. La Generalitat se ha situado entre las primeras autonomías en moverse, junto a Asturias, País Vasco y Navarra, al ofrecer impresos para la evaluación, que ya han solicitado unas 200 personas.

"No había obligación expresa de arrancar, pero como ya tenemos formado al personal encargado de hacer las valoraciones, decidimos repartir el lunes los impresos y comenzar", señalan fuentes oficiales de la Consejería de Bienestar Social, que ha colgado en la red el documento (www.bsocial.gva.es) junto al preceptivo informe de salud. La ley establece que antes del 31 de diciembre se tiene que haber evaluado a las personas que presenten grandes dependencias (demencias avanzadas, personas con parálisis cerebral), una calificación que corresponde a aquellos que cuenten con más de 75 puntos en el sistema de baremación aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta semana, más de 200 personas se han acercado por las dependencias de Bienestar Social para solicitar el documento. En Asturias lo han hecho 1.500.

La baremación se ha de hacer en casa y el departamento que dirige Alicia de Miguel señala que tiene el trabajo adelantado. Por ejemplo, han baremado de forma experimental a 7.000 residentes de centros públicos y concertados de la tercera edad, de los cuales han determinado que un tercio son grandes dependientes. "Nos ha servido de rodaje y para saber la situación de las personas que se encuentran en los centros", apuntan las mismas fuentes. 35 especialistas formados y ya están diseñando rutas para evaluar a los pacientes. Desde la consejería sostienen que no van más rápidos por el retraso del ministerio en poner en marcha todo el armazón legal, especialmente en relación con el pago del servicio.

La visión de la responsable del PSPV de política social, Núria Espí, es la opuesta: están tratando de alargar el proceso poniendo el máximo de obstáculos posibles. Espí denuncia que los formularios de las baremaciones están mal hechos: "No incluyen los datos relativos a la renta de los posibles beneficiarios, frente a otros documentos como los de Castilla y León, por lo que se necesitará remitir documentación adicional que retrasará toda la tramitación". Otro de los inconvenientes consiste en que los documentos del reconocimiento médico, que también se han de cumplimentar para fijar el grado de dependencia, no se han distribuido en los centros de salud. Y de los 135 baremadores que debe haber (uno por cada 25.000 habitantes) apenas hay 35. "Por no hablar de los 140 trabajadores sociales de refuerzo". "La deducción ante este comportamiento está muy claro: quieren alargar el proceso de baremación y retrasar el pago", señala Espí. "A fecha de hoy sólo hay un real decreto [relativo a la baremación] de desarrollo de la ley", apuntan desde Bienestar Social. Uno de los principales reproches del departamento de Alicia de Miguel es la falta de desarrollo que impide ir más allá en la aplicación de la ley. El dinero al que tendrán derecho los beneficiarios o sus cuidadores dependerá de factores (renta, posibilidades de la familia, recursos públicos disponibles...) que, indican, aún no están definidos.

Pero además, temen que el compromiso de financiación del Estado se quede corto. Hasta 2015, el Ministerio ha calculado un coste de implantación de 25.000 millones de euros que se han de repartir a partes iguales entre las Administraciones estatal y autonómica. Las cuentas de la consejería son de más del doble: 55.000.