El Gobierno rectifica y no dejará a las gestoras de derechos cerrar webs

Las entidades defensoras de derechos de autor no podrán cerrar páginas web. Después de semanas de discusiones y desencuentros, el Gobierno decidió ayer retirar el anteproyecto de ley en el que se daba poder a estas gestoras para cerrar páginas web sin orden judicial. Industria ha propuesto ahora al sector, los internautas y las entidades una nueva mesa de debate, pero las entidades se han negado a formar parte de ella y avisan de que volverán a intentar que se recupere el proyecto en la Ley de Internet, que actualmente está en el Parlamento.

El culebrón sobre el cierre de páginas web sin orden judicial concluyó ayer, al menos por el momento. Después de intentar infructuosamente, y por dos veces, legitimar a las entidades gestoras para clausurar páginas, el Gobierno decidió ayer retirar la propuesta e invitar a todos los implicados en este asunto (operadoras de Internet, proveedoras de contenidos, asociaciones de internautas y gestoras) a una mesa de debate. El objetivo es buscar medidas que logren acabar con la violación de la propiedad intelectual en Internet. Todas las partes estuvieron de acuerdo, salvo las entidades gestoras, que no acudirán a la mesa porque aseguran que llevan más de dos años discutiendo y consideran todo este asunto una "tomadura de pelo", en palabras de Pedro Farré, director de Gobierno Corporativo de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).

La polémica sobre este asunto surgió hace dos semanas, cuando la Asociación de Internautas (AI) hizo público que el Gobierno había incluido un nuevo artículo a la Ley de Internet (LISI), sólo tres días antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El artículo 17 bis facultaba a las entidades de gestión para decidir cuándo una página web violaba la protección de derechos de autor y, en ese caso, le daba el poder de obligar a las operadoras de Internet que alojan esas páginas a cerrarlas. Según denunciaba entonces Víctor Domingo, presidente de la AI, el artículo convertía a entidades como SGAE (Sociedad General de Autores) o Promusicae (productores de música de España) en "jueces", y a las operadoras como Telefónica u Orange en "policías". Las compañías del sector también criticaron el texto, asegurando que no podían aceptar que se les obligara a compartir datos de sus clientes sin permiso de la Agencia de Protección de Datos ni a retirar contenidos sin orden judicial. "El problema es que las entidades de gestión se han creído que pueden legislar en España", dice Jesús Banegas, presidente de la patronal tecnológica Aetic. "No podemos permitir que una entidad privada nos convierta en policías", opina Martín Pérez, presidente de la patronal electrónica Asimelec.

Las entidades que defienden la propiedad intelectual, mientras, se quejan de la lentitud de la justicia a la hora de sancionar a los infractores en Internet y piden nuevas soluciones. En Europa, existe una directiva del año 2000 que llama a los países a firmar códigos de conducta voluntarios en este tema. En Francia se ha firmado un acuerdo entre las distintas partes, que han puesto en marcha campañas de concienciación de forma conjunta.

El Ministerio de Industria, con Joan Clos a la cabeza, decidió finalmente retirar el artículo 17bis y aprobar la LISI sin él, comprometiéndose a abrir un debate entre todas las partes implicadas. El propio Clos se comprometió en el Senado a no aprobar el polémico texto. Pero sólo cinco días después, los miembros del órgano asesor del Ministerio de Industria en materia de telecomunicaciones, el CATSI (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información) recibían sorprendidos el orden del día para la reunión de ayer: en el punto tres aparecía de nuevo el artículo 17bis, esta vez reconvertido en anteproyecto.

Las críticas al proyecto se han repetido estos días, convirtiendo la reunión habitual del CATSI, celebrada ayer en Madrid, en algo excepcional. De hecho, el Ministerio de Industria ha invitado también a las entidades de gestión. En la reunión, y según diversas fuentes, los miembros del CATSI han criticado con dureza el anteproyecto y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha propuesto entonces una mesa de negociación en la que, durante dos meses, todas las partes discutan las medidas que se deberían tomar para frenar la violación de derechos de autor en la Red. En esa mesa no se debatiría ya el anteproyecto, que desaparece como propuesta.

Las entidades de gestión han abandonado la reunión y han decidido que no se sentarán en más mesas de debate. Según explica Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, el Gobierno se comprometió hace tres años, mediante el Plan Antipiratería, a implantar medidas "urgentes" que solucionen este problema. Las entidades y la industria tecnológica llevan dos años discutiendo esas medidas, bajo el paraguas de los ministerios de Industria y Cultura, así que creen que es una "burla" que el Gobierno plantee ahora negociar dos meses más.

Comienza, así, el nuevo proceso de debate sobre la mejor manera de proteger los derechos de autor en la era digital, pero sin las entidades que las gestionan. Guisasola advierte al Gobierno de que las entidades emplearán toda la "artillería" en sus manos, como, por ejemplo, declaraciones públicas de famosos artistas que alerten de la situación, y la presión para que ese artículo se recupere en el trámite parlamentario de la LISI.