Sin estrépito de ley

Hace siglos los juristas decían que había cosas que se podían resolver sin "estrépito de juicio", es decir, sin ostentación, sin observar las solemnidades de un proceso plenario, sino "de plano, breve y sumariamente". Ahora, quizás, se podría hablar de cosas susceptibles de resolverse sin el "estrépito de ley". Sería el caso, por ejemplo, de la proyectada y casi negociada Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, un texto muy ostentoso que va a servir para resolver muy pocas cosas.

El proyecto de ley, más conocido como de Memoria Histórica, tiene un preámbulo muy llamativo, digno casi de una Constitución: "Es hora de que la democracia española (...) honre y recupere para siempre a todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos ideológicos en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia".

El articulado no traduce, sin embargo, tan sentidos principios en cuestiones concretas. Más bien, arregla unas cuantas cosas que podrían haberse resuelto "de plano, breve y sumariamente" y deja en el limbo lo único que hubiera tenido sentido, de haber podido hacerse sin vulnerar principios jurídicos en vigor: anular de un plumazo todos los juicios llevados a cabo por la dictadura franquista por "auxilio a la rebelión" (es decir, por auxilio a la legítima República), por asociación política o por delitos de opinión.

"Honrar y recuperar" se va a traducir en una declaración genérica y en dar a los ciudadanos que se sientan implicados el derecho a solicitar una "declaración de reparación y reconocimiento personal" expedida por el Ministerio de Justicia, como si se tratara de un certificado de "no penales". Poco contenido para tanta solemnidad.

Es verdad que la mayoría de los artículos del proyecto de ley se refieren a mejora de prestaciones, como pensiones, asistencia médica y farmacéutica, orfandad, tributación de indemnizaciones y ayudas para localizar e identificar los restos de los fusilados durante y tras la Guerra Civil. Nada de esto necesitaba, sin embargo, el estrépito que ha rodeado y rodea este proyecto de ley, ni desde luego el enfrentamiento político que provoca.

Como muy bien demuestran los documentos anexos al proyecto de ley, elaborados por la propia Presidencia del Gobierno, todo lo relacionado con esas prestaciones e incluso con la localización de fosas comunes ha sido ya aprobado, sin estrépito y por consenso, durante los últimos 30 años.

Como se trata de mantener viva la memoria, convendría resaltar que, de hecho, lo que queda por hacer en ese sentido es minúsculo en comparación con el esfuerzo que ya ha realizado la sociedad española en su conjunto para devolver sus derechos a quienes fueron despojados violentamente de ellos por el golpe de Estado del 18 de julio y por la dictadura franquista subsiguiente. En los últimos 30 años, se han resuelto favorablemente 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones destinadas a personas que fueron castigadas injustamente por auxiliar a la República y por oponerse a la dictadura, con un valor total de 16.356 millones de euros, salidos del Erario Público. El volumen total de las nuevas ayudas o mejoras, ridículamente inferior, podría haberse aprobado, incluso, en la nueva ley de presupuestos, como se ha hecho en otras ocasiones, por unanimidad.

Algunos opinan que, en el fondo, el objetivo del nuevo proyecto de ley es reiterar y formalizar el reconocimiento del Parlamento a quienes sufrieron prisión, exilio, depuración o persecución por su defensa de los valores de la II República. Se trata de una petición legítima, pero, quizás, quienes asistimos a la aprobación de la Constitución de 1978 no tenemos duda alguna respecto a lo que pasó aquel día: triunfaron los valores que inspiraron la II República y se honró a quienes los defendieron. Aquella sí fue, realmente, la hora de la memoria. solg@elpais.es.