Un alto cargo de Castilla y León dice que dio un trámite "novedoso" a la tala de Las Navas

El director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, declaró ayer como imputado ante el juez que fue el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, quien pactó con el promotor recalificar el pinar años antes de iniciar la recalificación e indemnizarlo si los técnicos frenaban el plan. Torre, que citó como positivo un informe contrario a la urbanización, declaró que ese informe no era necesario y que la zona no podía ser área crítica para la cigüeña negra puesto que el ayuntamiento de Las Navas había declarado el terreno urbanizable. Aceptó, eso sí, que esta recalificación de un área crítica fue "un caso novedoso".

El juzgado de Ávila que investiga el permiso de construcción de 1.600 chalés, hotel y campo de golf a costa de 35.000 pinos en un espacio protegido de Las Navas del Marqués recibió ayer la declaración de uno de los principales imputados, Mariano Torre. El director de Medio Natural desde 1999 defendió a su salida del juzgado su actuación: "Todo se ha hecho de forma legal y transparente", fue su única declaración a la salida.

En la sala descargó buena parte de la responsabilidad en el alcalde de Las Navas y en el secretario municipal, también imputados, y cuya declaración se pospuso al haber llegado el día anterior documentación relativa a su actuación. Torre afirmó desconocer gran parte de las negociaciones con el promotor de la urbanización previas a la adjudicación de la parcela. Preguntado por qué en la compraventa la Sociedad Montes de Las Navas -de la que Torre era consejero- se comprometió a indemnizar al constructor si los técnicos frenaban la obra, Torre replicó que "no sabe quién incluyó la cláusula en el contrato (...) que no recuerda que se discutiera en el consejo de administración y que no sabe de quién partió la idea". Torre aseguró que él pasaba por allí y que los que hacían y deshacían en la empresa eran los representantes municipales.

Desprotegido "de hecho"

Torre, que en noviembre de 2003 desprotegió "de hecho" mediante un informe -aunque no lo publicó en el boletín de Castilla y León- 12 hectáreas que eran área crítica para la cigüeña negra, afirmó ayer que, en realidad, tal informe no era necesario puesto que si el ayuntamiento había dicho antes que el suelo era urbanizable, eso invalidaba la protección para las aves.

Entonces, un abogado de las acusaciones -que ejercen Centaurea, Comisiones Obreras y Cantueso- preguntó si era normal que un ayuntamiento decidiese qué zonas eran vitales para las especies en extinción. Torre admitió que no ha habido ningún caso similar a este "que es un caso novedoso".

Torre alegó que no tenía que abstenerse en la tramitación del proyecto pese a que era consejero de la empresa pública que impulsaba la recalificación y el alto cargo que debía dar el visto bueno a la tala del pinar.