¿Una iniciativa legal?

La asociación Nuevos Vecinos de la calle de la Montera ha anunciado su intención de colocar una cámara para transmitir en directo, a través de Internet, el trasiego de prostitutas, clientes y proxenetas que hay a diario ante sus portales. Esta iniciativa no es tan pacífica como pudiera parecer, ya que podría incumplir la normativa vigente.

Grabar imágenes en la vía pública no es una cuestión baladí, ya que por la calle circulan personas que conservan todo su derecho a la intimidad y a la propia imagen. No es lo mismo fotografiar a un transeúnte que pasea sin más que hacer lo mismo si esa persona se halla en una actitud más comprometida.

La Ley de Videovigilancia, que rige para la instalación de cámaras de uso policial, es muy estricta y regula cómo, dónde y cuándo funcionan esos mecanismos electrónicos. Además, determina quién es el responsable de la custodia de las cintas grabadas y el plazo máximo para proceder a su destrucción en caso de no tener validez judicial.

Los diputados que tramitaron esa ley, en la época en que Jaime Mayor Oreja estaba al frente del Ministerio del Interior, impusieron severas restricciones al empleo de cámaras en la vía pública a fin de que no supusieran un ataque a la intimidad de las personas.

Las cámaras de vídeo con que cuentan las empresas u otros organismos se hallan bajo el control de vigilantes privados de seguridad. En teoría, están reguladas por la ley. Pero ni ésta ni el reglamento correspondiente han desarrollado aún las cautelas y cauciones a que deben estar sometidas.

Lo mismo ocurriría con la cámara que los vecinos de Montera pretenden instalar, pero en este caso la difusión pública de las imágenes entraña un especial riesgo: podrían tener problemas con la justicia si un transeúnte presenta una denuncia por violación de su intimidad y su derecho a la imagen, si ésta es lo suficientemente nítida como para ser reconocido.