Fusiones contradictorias

Dos ofertas de compra y fusión empresarial revelan contradicciones en el ámbito económico europeo. En una, el Consejo de Administración de la constructora francesa Eiffage se enfrenta a cara de perro con la OPA lanzada por la española Sacyr, que ya era propietaria del 33,2% del grupo francés sin por ello poder entrar en el Consejo de Administración. Los directivos franceses entienden que la oferta es hostil y que no reconoce el valor de mercado de 129,5 euros por acción, puesto que el canje de acciones propuesto equivale a unos 107 euros. En la otra, los bancos Barclays y ABN Amro, británico y holandés respectivamente, han llegado a un acuerdo por el cual el primero comprará el segundo a cambio de 67.000 millones de euros. El nuevo megabanco -Barclays PLC- será el segundo por tamaño en Europa, administrará el dinero de 47 millones de clientes y generará unos ahorros de gestión de unos 3.500 millones de euros.

En el mismo espacio económico, dos adquisiciones de empresas corren así suertes opuestas. La interpretación liberal de esta contradicción dice que algunos países, como Francia, España o Italia, tienen Gobiernos intervencionistas, hostiles a la entrada de capital extranjero en sus grandes empresas, mientras que los Gobiernos británico y holandés deploran el intervencionismo. Este tipo de explicaciones tópicas suelen aclarar poco. Las causas de las distintas respuestas a la entrada de inversiones extranjeras en empresas consideradas como estratégicas hay que buscarlas en el desarrollo tecnológico y político de los diferentes mercados. En el financiero, la corriente de dinero no encuentra obstáculos en las fronteras. Pero otros negocios se sostienen sobre activos enraizados -es el caso de la construcción-, con legislaciones nacionales muy restrictivas, o sobre la satisfacción de ciertas obligaciones públicas, como la garantía de suministro de electricidad y combustibles en el caso de la energía. Las fronteras nacionales actúan así como barreras.

Pero no todos los mercados pueden liberalizarse al mismo ritmo; algunos requieren condiciones previas que en estos momentos no se cumplen. En el caso de Eiffage, no obstante, se trata de una operación financiera que debe resolverse según las condiciones estrictas de mercado; es decir, el consejo de Eiffage y los accionistas españoles deberán explicar sus posiciones ante las autoridades reguladoras francesas, refutar o confirmar las acusaciones de concertación entre los accionistas españoles -Sacyr y otros 89 inversores- y convencer a los accionistas. No existen razones para justificar la mínima cautela estatal. Hace tiempo que la propiedad del capital de empresas constructoras dejó de identificarse con la posesión del suelo patrio.