La Audiencia Nacional absuelve tras seis años a los 18 acusados del 'fraude del lino'

La Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Bermúdez de la Fuente, absolvió ayer a los 18 acusados por el caso del fraude del lino -falsedad continuada para la obtención indebida de fondos de la Unión Europea-, al estimar que no existió delito y que la actuación de "todos y cada uno" de los acusados fue correcta. El tribunal no ha encontrado ni "el menor dato que permita deducir algún tipo de actuación delictiva", ni tampoco rastro de connivencia entre los agricultores y las empresas transformadoras de lino para hacer coincidir los datos de las cosechas con el fin de percibir subvenciones de la UE: nada menos que 120.000 pesetas por hectárea.

La sentencia causó un "estupor total y absoluto", según fuentes fiscales, y gran preocupación porque España, a los ojos de Europa, "no dé la talla" en la lucha contra el fraude de subvenciones comunitarias. La investigación se inició hace seis años, en marzo de 2001, por un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que alertó de irregularidades en el uso de ayudas en la transformación del lino después de que de las 200 hectáreas de cultivo antes de 1994 se pasase a 30.000 en 1998.

En 2001, tanto las autoridades españolas como las europeas se mostraron convencidas de la existencia de un fraude generalizado entre las empresas destinadas a la "transformación de la varilla de lino", ante la "imposibilidad de transformar lo que las transformadoras certifican", además de que el provecho agrario declarado en documentos oficiales era imposible en tierras yermas, mientras los medidos de comunicación se hacían eco de incendios en cosechas y empresas transformadoras. La UE obligó a España a devolver 134 millones de euros por "graves deficiencias en el sistema de control de las ayudas a la producción de lino" y "fraude generalizado en el sector".

El tribunal, sin embargo, ve "correcta" la actuación de "todos y cada uno" de los 18 acusados, para los que se pedían penas de entre tres años y siete meses de prisión y multas de hasta 191.000 euros, y carga las culpas sobre las administraciones autonómicas que han ejercido la acusación. Dice que pese a la "obsesiva" actuación de las administraciones, éstas tuvieron en sus manos toda la documentación, que era incompatible con la idea de un mutuo y previo acuerdo para defraudar.

La Audiencia también estima las alegaciones de Nicolás López de Coca, ex subsecretario de Agricultura con el PP: considera que el presunto delito de tráfico de influencias del que está acusado no tiene conexión delictiva con el caso y no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que lo envía al juez competente.