La UE confirma una multa de 129 millones a España por el fraude del lino

El Tribunal de Primera Instancia de la UE ha reducido de 134 a 129 millones de euros la multa que le impuso la Comisión Europea a España en 2005 por irregularidades en las ayudas al lino entre los años 1996 y 2000. La justicia comunitaria ha anulado la parte de la sanción correspondiente a los pagos al cultivo de cáñamo, que durante las campañas 1996-1997 y 1999-2000 ascendieron a 5,3 millones de euros. El Gobierno podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión durante los próximos dos meses.

Los jueces han insistido en la existencia de "prácticas abusivas" y han hecho caso omiso al recurso presentado por España. También han confirmado la denuncia de Bruselas sobre "fraude generalizado" y anomalías en el cobro de ayudas a ese controvertido cultivo, una estafa que se destapó en 2001 tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y que salpicó a Carlos Moro, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, y Loyola de Palacio, entonces ministra de Agricultura con el primer Ejecutivo del ex presidente José María Aznar.

El Gobierno, escueto pero agresivo, se ha limitado a decir que la confirmación de la multa constituye una muestra de "la mala gestión llevada a cabo por el Gobierno del PP de 1996 a 2000", una actitud idéntica a la que manifestó en 2005 la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Michael Mann, portavoz comunitario de Agricultura, se ha extendido más sobre el asunto, ha expresado su "satisfacción" por el dictamen y ha resumido que se le ha dado la razón "sustancialmente" a la Comisión Europea a pesar de la anulación de esos cinco millones de los subsidios al cáñamo "por cuestiones técnicas".

Una historia de escándalos y abusos

Entre 1998 y 2000 se plantaron gracias a subvenciones más de 90.000 hectáreas de lino sin que las autoridades controlasen que las prestaciones europeas se correspondían con lo cultivado. Se llegó a hablar incluso de un robo de tres millones de euros, pactado entre los productores y la industria transformadora. Fue una época de bonanza para los llamados cazasubvenciones o cazaprimas, que se enriquecieron con las ayudas europeas sin ni siquiera comercializar después el lino textil.

A pesar de los escándalos que provocó este cobro de ayudas, entre otros la dimisión de Nicolás López de Coca, subsecretario de Agricultura con el PP, el juez Baltasar Garzón absolvió en abril de 2007 a los 18 acusados de falsedad de documentos públicos, estafa y obtención indebida de fondos comunitarios al considerar que no existió delito y que la actuación de "todos y cada uno" de ellos fue correcta. El Tribunal Supremo corroboró esta decisión en mayo de 2008.