La juez de Melilla archiva la causa del voto por correo contra el criterio de la fiscalía

Julia Adamuz, titular del juzgado número 3 de Melilla, decidió ayer desoír las peticiones que le hacía el fiscal y acordar el sobreseimiento libre y el archivo de la causa sobre un posible delito electoral del gerente del PP de Melilla, Javier Lence. La juez entiende que, a pesar de quedar probado que Lence encargó a una imprenta 1.000 falsificaciones de las solicitudes de voto por correo, éste lo hizo por desconocimiento de que eso era contrario a la ley. Además, dice la juez, anuló el pedido cuando supo que era ilegal -cinco horas antes de la intervención de la Guardia Civil-. El PP exigió al PSOE que rectifique sus acusaciones.

El auto de la juez de Melilla realiza un recorrido por los hechos probados. Señala que, como consecuencia de las conversaciones entre Javier Lence, gerente del PP de la ciudad autónoma, y José María Cerezo, propietario de la imprenta Marfeme, los investigadores acudieron a la nave industrial donde está la imprenta y encontraron los 1.000 ejemplares de solicitudes de voto por correo realizados allí para el PP.

Sin embargo, unas horas antes, a las 11.44 del 12 de abril -el registro se produjo a las 16.45-, Lence había llamado a Cerezo para decirle: "Factúrame el tema de ese que hemos hecho de la solicitud de votos por correo, pero necesito que lo rompas y lo destruyas, tío, porque no me vale y me tiene... Me lo van a solucionar oficialmente digamos", según figura en el auto. Ante la sorpresa del dueño de la imprenta, Lence insiste: "No, no me vale, no puedo utilizar eso más que los oficiales de ellos; entonces coge por favor, factúramelo sin problema. Rómpelo, ¿vale?, y me pasas el importe".

Con esta conversación, y el interrogatorio realizado al propio Lence, en el que éste "manifestó desconocer que se trataba de un documento oficial, entendiendo que únicamente se trataba de un impreso o instancia en el que no aparecía sello ni membrete de ningún ministerio", la juez concluye que "no aparece como dolosa la actuación de los procesados".

Alarma social

La juez desestima la petición del fiscal, quien reclamó también a Correos un certificado para saber qué personas del PP solicitaron formularios de voto por correo en oficinas de Melilla. La juez señala que, "si bien es cierto que los hechos que han provocado la apertura de las presentes diligencias previas han ocasionado una cierta alarma social, ello no implica la necesidad del mantenimiento de una imputación contra unas personas determinadas, al no resultar los hechos constitutivos de delito".

El PP aprovechó ayer el sobreseimiento del caso para arremeter contra el PSOE y "quienes les acompañan". "Espero que los que nos han acusado de cometer fraude electoral pidan disculpas por esta operación basada en mentiras", señaló Ángel Acebes, el secretario general, quien insistió, como ya hizo la semana pasada, en que su partido en Melilla va a poner en marcha acciones contra EL PAÍS. "Espero que pidan perdón por tanta injuria. Decían que era el escándalo más grave de la democracia", señaló Acebes en un tono airado y muy distinto del habitual.

Acebes esquivó la pregunta sobre la resolución de la Junta Electoral Central, votada por unanimidad, en la que recordaba que los formularios obtenidos por Internet, que él esgrimió la semana pasada en la rueda de prensa, no son válidos para solicitar el voto por correo. El secretario general del PP obvió esa parte de la polémica: "La semana pasada discutíamos si había delito o falsificación. Supongo que algunos van a intentar darle la vuelta, pero el PP tenía razón. Se nos acusó de pucherazo".

Acebes se olvidó de que el lunes pasado esgrimió el documento de Internet para probar que se podía utilizar como modelo y copia sin problemas. "Lo que dije es que aquello que se puede sacar por Internet no puede ser una falsificación", se limitó a explicar.

El PSOE anunció que recurrirá el archivo. El socialista Antonio Hernando señaló: "desde el respeto al auto de la juez, nos preguntamos si su señoría, con el archivo de estas diligencias, lo que está queriendo decir a los partidos políticos es que pueden copiar y rellenar estos impresos de voto por correo por su cuenta y riesgo". El PSOE asegura que la juez que ha dictado el auto es una sustituta de la titular del juzgado número 4 de Melilla, que imputó al gerente del PP.