Del Rosal denuncia la pasividad ante los abusos urbanísticos

El ex Síndic de Greuges Bernardo del Rosal, que abandonó la institución hace un año, denuncia que en sus cinco años de mandato la Generalitat no hizo lo necesaro para corregir actitudes indolentes o abusivas de los Ayuntamientos en relación con el urbanismo, que está en situación "calamitosa". Del Rosal denuncia esa pasividad y "el desprecio hacia los derechos e intereses de los vecinos" por parte de las administraciones.

Bernardo del Rosal, que fue Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana del 9 de abril de 2001 al 9 de abril de 2006, publica en la revista Derechos Ciudadanos, que editan los defensores del pueblo autonómicos, un artículo titulado El impacto social y medioambiental de la actividad urbanística. Es la transcripción de su intervención en la inauguración de las jornadas de coordinación de defensores del pueblo autonómicos con el Defensor del Pueblo celebradas en octubre pasado en León.

Libre ya del corsé que durante cinco años le supuso su trabajo al frente de la Sindicatura de Greuges, Bernardo del Rosal aborda la cuestión del urbanismo -que centró en gran medida su trabajo en la institución, con miles de quejas tramitadas- desde una posición crítica. Empieza por afirmar que la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994 ha generado una situación "que no puede ser calificada sino de calamitosa". Porque, aunque reconoce que esa norma consiguió uno de sus objetivos, el de liberar suelo, ha sido "a costa de generar un auténtico oligopolio de empresas urbanizadoras" -que considera el "caldo de cultivo ideal para la especulación y el encarecimiento de los precios del suelo y de la vivienda"- y ha permitido "un ritmo frenético de construcción de nuevas viviendas que ha llevado a la Comunidad Valenciana a unas cotas de insostenibilidad en su desarrollo y a unos niveles de degradación medioambiental no conocidos hasta ahora". Un ritmo que ha llevado a que las finanzas de los Ayuntamientos entren en "una rueda infernal, de casi imposible solución".

Del Rosal critica que en la Comunidad Valenciana se haya apostado por un "planteamiento económico muy arriesgado", el del "monocultivo del ladrillo" y critica a la Administración por no impedir los efectos indeseables de esa apuesta. Porque la convicción de que la construcción genera empleo y riqueza "ha justificado la dejación de responsabilidades de las autoridades locales y autonómicas en materia de vigilancia y control de los abusos y desmanes urbanísticos". En relación con esta "frenética" actividad urbanizadora, el ex Síndic menciona la aparición de "algo tan preocupante como son los fenómenos de corrupción política y económica y blanqueo de capitales". Y recuerda que la Comunidad Valenciana "ocupa el primer lugar, con 30 causas abiertas por presunta corrupción administrativa, siendo los casos más destacados los de Orihuela, Torrevieja, Terra Mítica en Benidorm y Alicante".

Del Rosal asegura que "en ninguna materia como en esta" ha visto, en su etapa como Síndic, "más desprecio hacia los derechos e intereses de los vecinos, fueran o no propietarios de tierras". Y denuncia: "Los Ayuntamientos, en términos bastante generalizados, demostraban sistemáticamente un escasísimo o nulo interés por incentivar, o por lo menos respetar, la participación de los vecinos en los procesos de aprobación, ya fuera de los planes generales de ordenación urbana, ya de los programas de actuación urbanística". Añade que los responsables políticos municipales y autonómicos han evidenciado una "resistencia feroz" a respetar la Ley de Contratos, denuncia los "preocupantes niveles de lentitud y pasividad" ante las infracciones y asegura que "prácticamente nunca", durante sus cinco años, la Generalitat hizo algo para corregir esas actitudes "indolentes o abusivas".

A todo eso, en su artículo Del Rosal sumaba el "clamoroso fracaso" de los tribunales a la hora de frenar los abusos y garantizar los derechos de los ciudadanos, algo que, según comentaba ayer, parece haber cambiado algo en los últimos meses.