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TRIBUNA LIBRE

La prueba pericial del Prestige

El autor analiza el callejón sin salida del proceso judicial sobre el hundimiento del 'Prestige', varado en la designación de un perito que compruebe el estado del buque

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de dictar un importante auto en el procedimiento penal relativo al caso Prestige, que lleva más de un año prácticamente paralizado, pendiente de la designación judicial de los peritos encargados de realizar las pruebas decisivas para determinar las responsabilidades penales.

En dicho auto se rechaza un recurso de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, interpuesto contra una resolución de la jueza instructora, en la que ésta había decidido encargar al colegio profesional de ingenieros navales que eligiese por sorteo al experto que deberá llevar a cabo la prueba referente al estado del buque.

La Audiencia aprovecha para criticar la indebida dilación de la instrucción judicial, recriminando determinadas actitudes de las partes personadas en el procedimiento, tendentes a "plegar la instrucción a su exclusiva voluntad y conveniencia".

"El procedimiento de designación del perito adquiere los tintes más rocambolescos"

Ahora bien, puestos a analizar con rigor todas las causas de tal dilación, no se puede prescindir del dato de que en un principio fue el Juzgado de Corcubión el que, asumiendo la tesis de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, resolvió (con el respaldo, por cierto, de un auto de la propia Audiencia provincial) que fuese Repsol quien se encargase de la coordinación de la prueba pericial y designase directamente a los peritos.

Esta resolución fue recurrida por los abogados de la empresa armadora y de Mangouras, de Izquierda Unida, de Nunca Máis y de diversas cofradías de pescadores, quienes rechazaron que se modificara el procedimiento habitual para designar peritos y pusieron en tela de juicio la independencia de Repsol para dirigir una prueba tan importante con la necesaria objetividad, argumentando que Repsol es una empresa que mantiene vínculos con el Estado español, que recibió el encargo del Gobierno de Aznar para extraer el fuel del pecio del Prestige y que además había inspeccionado el buque en el año 1997.

A todos estos recursos se vino a añadir una razón más poderosa: la sorprendente circunstancia de que Repsol había comunicado al juzgado que no había sido capaz de encontrar entre sus técnicos a ingenieros navales que tuvieran la experiencia requerida para llevar a cabo la prueba pericial sobre el estado del buque.

A la vista de todo ello, fue entonces cuando la actual jueza instructora resolvió encargar al colegio profesional de ingenieros navales que eligiese al experto que deberá llevar a cabo la prueba, resolución que es la que acaba de ser avalada por el último auto de la Audiencia.

Por otra parte, en este auto la Audiencia mantiene también la decisión de la jueza instructora de que sea un técnico de Repsol, el capitán marítimo Rodríguez Saulnier, el que se encargue de la prueba pericial referente a la navegación del buque.

Pues bien, es aquí donde el procedimiento de designación del perito adquiere los tintes más rocambolescos.

A la Audiencia no le ha sido posible tener en cuenta que, después de la interposición del recurso, Rodríguez Saulnier ya había comparecido el pasado mes de diciembre en el juzgado para decir que carecía de preparación para realizar un informe de estas características, por hallarse totalmente desvinculado en los últimos 20 años de los buques petroleros como tripulante.

De ahí que, por su parte, durante este lapso de tiempo la Fiscalía realizase gestiones para que fuese otro técnico el que aceptase el encargo pericial, a saber, el capitán Huertas, designado asimismo inicialmente por Repsol, pero que también había comparecido en diciembre para rechazar el encargo "por motivos formales".

Al parecer, sobre la base de unos "conocimientos extraprocesales" (en expresión utilizada por la Audiencia en su auto) la Fiscalía creía que este perito estaba dispuesto a rectificar su negativa inicial. Sin embargo, Huertas acaba de comparecer nuevamente en el juzgado, pero no para asumir el encargo, sino para manifestar literalmente que "no puede aceptar el cargo de perito, puesto que, dada la envergadura y alcance de la prueba pericial, no se ve capacitado profesional ni prácticamente para llevarla a cabo con el rigor que precisa el caso". ¿Alguien da más?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de abril de 2007