Minimax europeo

Un nada disimulado cinismo está empezando a aflorar en algunos Estados de la UE sobre qué hacer con la Constitución europea. Puede entenderse que Francia y Holanda, cuyos electorados la rechazaron en sendos referendos en 2005, busquen otra salida para no presentar el mismo texto dos veces a plebiscito. Blair ha decidido "retroceder" y pedir un texto mínimo, incluso por debajo del minitratado que sugiere Sarkozy, aspirante a la presidencia francesa. El premier británico fue uno de los negociadores y firmantes del tratado europeo. Su firma debe valer algo más.

El Gobierno polaco, por su parte, sin tan siquiera haber debatido el texto en el Parlamento, pide ya la revisión del sistema de votación, pues considera que el doble cómputo de número de Estados y de población favorece mucho a Alemania. En realidad, esta posición esconde la constatación de una pérdida de población con respecto a 2004, pues demográficamente Polonia se está encogiendo, al revés de lo que le ocurre a España gracias a la inmigración, una circunstancia no prevista cuando se negoció duramente el acuerdo final hace tres años. No se pueden ahora cambiar radicalmente las reglas pactadas, incluso cuando no han sido ratificadas por todos, pero sí por 18 de los 27 socios, que representan una clara mayoría de los ciudadanos de la UE. No son ellos los que tienen el problema, sino los que ahora rechazan la Constitución.

La actual presidencia alemana prepara un calendario a aprobar en junio para discutir el nuevo tratado que se debería cerrar durante la presidencia de Francia, en el segundo semestre de 2008, a tiempo para las elecciones europeas de 2009. Alemania realiza una prenegociación por debajo de la mesa, pero a la canciller Merkel le espera una dura tarea. La apertura de este melón debe ser controlada, so pena de volver a meter a la UE en otra crisis. El ambiente parece poco propicio, como se reflejó en el hecho de que los Veintisiete no pudieran siquiera el pasado 25 de marzo firmar todos la declaración de conmemoración de los 50 años del Tratado de Roma, dada la intransigencia checa, no por desacuerdos sobre el pasado, sino sobre el futuro.

Zapatero insiste, con razón, en preservar "la ambición y el equilibrio" presentes en el Tratado Constitucional. Sería deseable que el Gobierno español fuera más claro sobre los límites de lo aceptable, dado que somos, con Luxemburgo, el único país que ha ratificado el texto por referéndum. Si hay revisión, España no debe empeorar su posición en términos de poder, sino, en todo caso y valiéndose de la fuerza que le ha dado el referéndum, mejorarla, por ejemplo ampliando su representación en el Parlamento Europeo, que el anterior Gobierno de Aznar sacrificó en el Tratado de Niza en aras de una mejor posición en cuanto a votos en el Consejo de Ministros.

Éste no debe ser un ejercicio para cargarse la Constitución a hachazos, para maximizar las pérdidas, sino, por el contrario, para minimizarlas, para lograr un minimax europeo, como se diría en teoría de juegos. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no tiene futuro tal como está, ni menos su nombre. La idea que más se maneja es la de un nuevo texto corto que preservara las reformas institucionales centrales (incluida la figura de un ministro de Asuntos Exteriores), dejando al margen otras partes de la Constitución.

No resulta aceptable reducir el número de áreas de decisión a tomar por mayoría cualificada (que podría quedar en un protocolo) o renunciar a los avances marcados por la Carta de los Derechos Fundamentales, como la iniciativa popular para obligar a las instituciones a ocuparse de algún tema. Debe salvarse, no rebajarse, todo lo que se pueda de la Constitución. Es eso lo que debe defender España. Europa está necesitada de algo más que un remiendo institucional para que funcione, aunque esto en sí no sea poco.