Latinoamérica, ¿más insegura para la inversión?
"Le pedimos que garantice la seguridad jurídica para las inversiones de las empresas extranjeras en Bolivia y que mantenga los principios de libertad, democracia y economía de mercado". Con estas palabras recibió el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, a su homólogo boliviano, Evo Morales, en la visita que en días pasados éste realizó a Japón. Pero Abe no fue el único en formularle esta petición al mandatario boliviano. También la hizo el viceministro de relaciones Exteriores de Italia, Donato Di Santo, durante el mismo viaje de Morales.
Aunque la respuesta del presidente boliviano fue amable y conciliadora, reconoció que en el pasado había sido "más radical" e intentó tranquilizar con sus declaraciones a los inversionistas, no dejó de preocupar que economías tan sólidas y prometedoras para aportar capitales a Latinoamérica, como Japón e Italia, encuentren cada vez más obstáculos y dolores de cabeza a la hora de invertir en esta zona.
Las principales barreras para el aumento de la inversión son la insuficiente estabilidad política y económica y la inseguridad jurídica
En los ochenta, la región atrajo un 12% de la inversión extranjera directa mundial, pero en la presente década sólo ha captado el 8%
Informes de la Cepal indican que América Latina y el Caribe continúan recibiendo una proporción cada vez menor de las corrientes mundiales de inversión extranjera directa (IED). En la década de los ochenta, la región atrajo un 12% de las corrientes, y 10 años después, sólo un 10%. En la presente década ha captado sólo el 8% de la IED mundial. Este hecho podría reflejar que Latinoamérica se estaría marginando progresivamente de las inversiones dentro del proceso de globalización económica.
Analistas internacionales coinciden en que la seguridad jurídica es crucial a la hora de invertir. Sin reglas transparentes y permanentes, los flujos de comercio e inversión implican más riesgos. Desde la perspectiva privada, todo acto gubernamental, enmarcado dentro de reglas transparentes, debe ser previsible y estable, pues los países están obligados a cumplir con sus compromisos de política económica internacional. De igual forma, para quienes toman decisiones de inversión es fundamental el rol que puedan desempeñar los mecanismos de solución de controversias, a fin de que sean neutrales y apliquen lo que fue pactado con justicia.
Por ejemplo, en el informe técnico realizado por Paulina Beato y Antonio Vives en 2005 para el Banco Interamericano de Desarrollo, titulado ¿Por qué se está quedando atrás América Latina?, los autores se refieren al primer grupo de obstáculos para el desarrollo empresarial latinoamericano mencionado por el Global Competitiveness Report, el cual lo constituyen la corrupción, la inestabilidad de las políticas, la ineficiencia de la burocracia y el acceso al crédito. "En una escala del 1 al 10, estos obstáculos tendrían una puntuación entre 9,25 y 10" .
Añaden que la seguridad jurídica es uno de los factores con mayor poder explicativo del crecimiento económico de un país y demuestran que la mejoría en un punto en la clasificación de Political Risk Services acarrea el aumento de la inversión privada en 1,1%. "Ello significa que una mejora en el respeto de la ley y el orden se traduce directamente en mayor crecimiento económico, probablemente a través de mejoras de productividad, y también indirectamente a través de aumentos de la inversión privada".
Otros índices internacionales de confianza o seguridad de inversión que realizan anualmente diferentes organismos internacionales demuestran que la región, en conjunto, ha perdido poco a poco el atractivo que puede representar para los empresarios extranjeros debido a diferentes causas, tales como corrupción, tramitomanía, transparencia o variabilidad política, factores que se reúnen bajo el paraguas de la seguridad jurídica que piden los inversionistas.
Por ejemplo, la última edición del Índice de Libertad Económica 2006 publicado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal, que analiza factores como la política comercial, la carga impositiva o la intervención del gobierno en la economía, entre otros, concluyó que en América Latina, Chile y El Salvador continúan ocupando los primeros lugares, en los puestos 14 y 34 respectivamente, aunque ambos desmejoraron su calificación y puntaje. Chile es el único país en la región que se clasifica en la categoría de países libres; por su parte, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Panamá, México, Perú y Bolivia entran en la categoría de estados mayormente libres. Colombia está clasificada dentro de la categoría de países mayormente controlados en la posición 91 entre 161 naciones. En último lugar se encuentra Venezuela, catalogado dentro de los países reprimidos.
Dentro de los factores que más influyeron en la baja calificación de Colombia se encuentran en primera instancia la carga impositiva, con la aplicación de impuestos equivalentes al 38,5%; y en segundo término, los derechos de propiedad, pues el informe señala que aunque la Corte Suprema tiene buena reputación, los niveles inferiores del poder judicial y de la administración pública son vulnerables a la corrupción y la intimidación.
Respecto a este punto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos señala que los inversionistas extranjeros encuentran el proceso de arbitraje en Colombia complejo y dilatorio, especialmente en lo que respecta a la ejecución de acuerdos.
Adicionalmente, no se ha medido el impacto que puede tener la reciente sentencia del Consejo de Estado, que determina que vía acción popular se pueden anular actos administrativos particulares y contratos en cualquier tiempo, además del Proyecto de Ley que reforma el Estatuto de Contratación Estatal que suprime la garantía de percibir utilidad como derecho del contratista privado en contratos conmutativos.
Incluso, los mismos empresarios ya se lo han expresado a los gobiernos de sus respectivos países, como lo hicieron en el Primer Encuentro Empresarial Iberoamericano, bajo el título Un impulso a la integración económica, realizado en octubre de 2005 en Salamanca, donde concluyeron: "Una mayor prosperidad y bienestar requiere de un aumento de la inversión privada y de la productividad. Las principales barreras para mejorarlas son la insuficiente estabilidad política y económica, la inseguridad jurídica e inestabilidad del marco legal, y las dificultades de acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas...".
Hay que tener en cuenta, finalmente, que la seguridad jurídica es tan importante y en ocasiones aún más importante que la seguridad física para lograr y consolidar el bienestar de los pueblos.
Gabriel de Vega es juez y profesor de Derecho Público de la Universidad del Rosario de Colombia y consultor internacional y socio fundador de Estudio De Vega & Asociados.
