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Reportaje:

El ex alcalde limpia su honor

Antonio Caba, el ex regidor de Estepona absuelto de blanqueo, volverá a la "militancia activa"

En noviembre de 2000, el entonces alcalde socialista de Estepona (Málaga) y abogado, Antonio Caba, recibió en su despacho profesional una visita poco grata. Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudió al bufete, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, en busca de documentación sobre las empresas de uno de sus clientes: Levent Ucler, que había adquirido dos gasolineras con un dinero cuya procedencia escamaba a la juez. Este ciudadano turco, condenado en 1993 -y posteriormente absuelto- por transportar 63 kilos de heroína, se encontraba esos días en la cárcel acusado de haber ordenado acribillar a tiros a su esposa en junio de 2000, un cargo del que también fue exculpado.

El 4 de abril de 2001, el fiscal antidroga acusa a Caba de blanquear dinero y, al día siguiente, el alcalde pasa a convertirse en ex alcalde. Seis años después, es decir, el pasado viernes, el Tribunal Supremo absolvió a Caba y decretó que el segundo y definitivo juicio a que fue sometido en la Audiencia Nacional se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

"El sentido de la sentencia es que no sólo se ha vulnerado la presunción de inocencia sino que era inocente antes, lo he sido durante el procedimiento y lo sigo siendo ahora", señaló Caba, que siempre ha asegurado tener la conciencia tranquila. "Mis clientes y quienes me conocen bien saben que soy incapaz de delinquir. Hasta esta imputación no había tenido ni una multa de tráfico y hasta el inspector de Hacienda que analizó mis cuentas en 1994 y 2000 me felicitó por llevarlo todo con tanta pulcritud", asegura.

Caba, de 43 años y militante del PSOE desde 1989, no saltó a la política activa hasta 1995. "Me presenté en las listas como concejal cuando llegó el GIL a Estepona, porque sabía lo que ese partido estaba haciendo en Marbella y no quería eso para mi pueblo". En julio de 1999, un pacto a cuatro bandas entre PSOE, PP, IU y PA, arrebató la Alcaldía a Jesús Gil Marín y aupó a Caba. "Creo que le hicimos un favor a Estepona con ese pacto".

Su paso por la alcaldía esteponera se recordará como la época, en la que se destaparon los desmanes del vástago de Jesús Gil, del que se supo que llegó a adquirir un revolver Smith & Wesson para su defensa personal con cargo a los presupuestos. Gil devolvió el arma, pero dejó el Consistorio con 27 millones de deuda con la Seguridad Social mientras los concejales y altos cargos del gilismo habían cobrado tres millones de euros en un año y medio. En el tiempo que estuvo como regidor Caba denunció "amenazas mafiosas" contra él y su familia. En diciembre de 1999 su Jaguar apareció con marcas de haber sufrido un incendio intencionado, según la policía científica.

Sin embargo, las preocupaciones para Caba iban más allá de su seguridad. Durante este tiempo, el alcalde y su cliente Ucler, así como un socio del regidor y el secretario del ciudadano turco ya estaban en el punto de mira de la juez Teresa Palacios. En diciembre de 2000, Caba declaró como imputado por un delito de blanqueo de capitales, mientras el GIL pedía su dimisión. La renuncia de Caba no se produjo hasta que la fiscalía le acusó formalmente. "En el partido nadie me presionó para que dimitiera, yo había dicho que si había una acusación del fiscal me marcharía por el bien del pueblo y del partido", recuerda Caba.

En ese momento, el ex alcalde pidió ser suspendido también de militancia en el PSOE. "La verdad es que lograr la suspensión de militancia es tan difícil como darse de baja de un teléfono móvil", bromea. "Lo pedí por escrito, pero me siguen pasando la cuota y yo la sigo pagando", asegura. Caba, casado y con dos hijos, afirma que "todavía" no se ha planteado volver a la política, pero afirma que una vez que elTribunal Supremo le ha absuelto piensa mantener una "militancia activa".

En una época en que abogados y notarios están en entredicho por operaciones policiales contra el blanqueo como Ballena Blanca o la más reciente Hidalgo, Caba, experto en derecho mercantil y concursal, reclama "una nueva redacción para el tipo penal del blanqueo que adapte al derecho español la directiva comunitaria y que castigue a los abogados que blanquean dinero negro a sabiendas de que lo es".

Después de seis años y cinco meses de proceso, Caba no se plantea emprender acciones judiciales contra los responsables de sus condenas en la Audiencia Nacional: "La venganza es una satisfacción para espíritus innobles. No han conseguido hacerme daño, están todos perdonados, pero les queda mi desprecio".

Varapalo judicial

La sentencia del Tribunal Supremo, que absuelve a Antonio Caba y a otras cinco personas de un delito de blanqueo de capitales supone un varapalo jurídico en toda regla a la Audiencia Nacional, que juzgó el caso en 2002 y que revisó la sentencia en 2004. La Sala de lo Penal del Supremo reprocha a los magistrados de la sección tercera de la Audiencia una "grave anormalidad procesal" como es haber notificado la sentencia sin la firma de uno de los tres ponentes. El ponente del Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, señala también que "el anómalo desarrollo de la causa ha afectado asimismo negativamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los acusados". Además, Caba alegó, y se le dio la razón, que se había vulnerado el secreto de las comunicaciones y el derecho a la presunción de inocencia, al entender que no había prueba de cargo suficiente para fundar la condena a 18 meses de prisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de abril de 2007

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