La Junta impugnó en 2005 el convenio de Torremolinos que estudia el juez
La Junta de Andalucía impugnó en febrero de 2005 el convenio urbanístico suscrito por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con la constructora FCC por la que el Consistorio cedió a la empresa una parcela municipal a cambio de que ésta suspendiera 14 iniciativas judiciales abiertas por impago de 6,9 millones de euros correspondientes al canon del servicio de basuras, que gestionaba FCC.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo consideran que usar una finca de titularidad municipal como pago a una deuda equivale a destinar a gastos corrientes el dinero de la enajenación de la parcela, en contra de lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que busca asegurar que el dinero obtenido por la venta de patrimonio municipal se destine a inversiones.
El convenio -que fue ratificado por el pleno municipal en octubre de 2004 y consistía en la cesión de 30.472 metros cuadrados de techo edificable- es uno de los puntos contenidos en una querella presentada por el PSOE sobre supuestas irregularidades cometidas en la gestión por el equipo del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP). El titular del juzgado de instrucción número 4 de Torremolinos abrió el pasado 26 de febrero diligencias previas para investigar las acusaciones contenidas en la querella y dio traslado de la denuncia al fiscal.
La denuncia presentada por los socialistas, que piden al juez el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 1.000 euros para los supuesos responsables de las irregularidades, hace referencia también a supuestas ilegalidades urbanístias, fiscales -impago del IVA por sociedades municipales- y contables.
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