El anteproyecto del Ejecutivo

El Gobierno entregó a principios del pasado marzo a Eudel (la asociación que reúne a todos los municipios vascos) y a las tres diputaciones un texto de anteproyecto de ley Municipal, pero no lo ha llevado al Parlamento como le exigió éste por unanimidad en 2005. Lo hizo después de que el PSE anunciase en enero su intención de elaborar un texto propio.

El anteproyecto, más bien un borrador, según señalaron a este periódico juristas que lo conocen, (ver EL PAÍS del 13 de marzo) parte del principio de que "la regulación del nivel municipal no precisa de grandes transformaciones".

La principal carencia del proyecto del Gobierno está, según esos especialistas, en la definición de las competencias y de la financiación.

Los municipios podrían ejercer su iniciativa en toda materia no atribuida a otros poderes públicos y se enumeran 18 áreas genéricas, pero se deja en manos de posteriores leyes y normas forales la delimitación del alcance de su intervención.

Respecto a la financiación, se afirma que toda obligación llegará aparejados los medios necesarios y se establece la participación en los tributos concertados, pero no se precisa el "mínimo de participación municipal" que debe fijar el Consejo Vasco de Finanzas. Se crearían unos consejos territoriales de finanzas, paritarios entre diputaciones y ayuntamientos, cuyos acuerdos tendrían vigencia de cinco años.

El anteproyecto admite que los municipios concierten operaciones de crédito, pero para las de más de un año precisan coordinarse con las diputaciones y el Gobierno.

El anteproyecto del Ejecutivo da entrada a los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas, una reclamación ya histórica. Los ayuntamientos colocarían en él a tres representantes, nombrados por las diputaciones a propuesta de Eudel. Participarían como miembros de pleno derecho a la hora de fijar el nivel de participación en los tributos concertados, de homogeneizar criterios en el régimen presupuestario y en las operaciones de endeudamiento.

Respecto de la organización municipal,el anteproyecto no introduce apenas novedades, más allá de algunas terminológicas que ya recoge también el paralizado proyecto de ley de régimen local del Gobierno central.

El texto del Ejecutivo establece un estatuto de los representantes locales y prevé una remuneración personal básica por seguimiento de la gestión y asistencia a órganos colegiados. Obliga a los ediles a presentar declaraciones de bienes y a la Administración a pagar su seguridad social cuando haya dedicación exclusiva o parcial.

El anteproyecto prevé también la creación del Consejo Municipal de Euskadi, concebido como un órgano de cooperación entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno. De ese consejo, al que se confieren funciones deliberativas y de asesoramiento, emanarían únicamente "recomendaciones" para solucionar de modo preventivo y extrajudicial eventuales conflictos sobre la autonomía local.

Eudel se convertiría en la depositaria de la representación municipal en todos los ámbitos jurídicos y políticos. En virtud de esa consolidación, la Asociación de Municipios Vascos recibiría una garantía de financiación, que saldría de los rendimientos de las diputaciones, una vez descontados el cupo y las aportaciones al Gobierno.

En la financiación a Eudel es el único punto en el que el Gobierno sí establece una precisión cuantitativa, ya que le atribuye al menos el 0,15% de los recursos del mínimo de participación municipal que fije en su momento el Consejo Vasco de Finanzas.