El PSE propone destinar al menos el 15,5% de los impuestos a la financiación local

Los socialistas proponen en el proyecto de ley Municipal que han elaborado que se destine un mínimo del 15,5% de los impuestos concertados a asegurar una financiación "estable" y suficiente para los ayuntamientos. El proyecto de ley, que el PSE registrará hoy en la Cámara y que se someterá a consideración previsiblemente tras las elecciones de mayo, pretende clarificar las competencias de las instituciones locales y abrir los consistorios a la participación ciudadana. El PSE criticó ayer la dejación que han hecho los nacionalistas en esta materia en el Gobierno, incumpliendo incluso mandatos del Parlamento para remitir a la Cámara dicha ley, y aseguró que su iniciativa pretende "abrir el debate".

Los socialistas han esperado para elaborar y presentar su propuesta a la proximidad de las elecciones locales y a que expirase (el 31 de diciembre pasado) el plazo dado en el ultimo mandato parlamentario al Gobierno para que remitiese a la Cámara su propio proyecto de ley Municipal. El Ejecutivo ha elaborado un anteproyecto de ley, pero aún no lo ha aprobado. Sobre esta materia se han conocido al menos otros tres borradores gubernamentales en estas décadas que han terminado en el cajón ante la imposibilidad de consensuar un texto entre los socios del Ejecutivo.

El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, reprochó ayer a los nacionalistas esos incumplimientos, cuando incluso PNV y EA consideraron en su programa de gobierno de 1997 "urgente e inaplazable" la aprobación de una ley Municipal. "Se ha agotado la paciencia de los socialistas ante la inoperancia del Gobierno", dijo Ares al presentar el texto articulado (cinco títulos, 40 artículos y 42 páginas) que los socialistas plantean como base para el debate.

Las preocupaciones básicas que destila el documento del PSE son lograr una "clarificación competencial" definitiva y una coordinación entre instituciones a través de un Consejo Vasco de Cooperación Local de nueva creación, y la suficiencia financiera de los entes locales con su acceso, entre otras cosas, al Consejo Vasco de Finanzas (con consejos territoriales), una reivindicación histórica del municipalismo socialista.

100 millones de euros

Un tercer objetivo es la transparencia de gestión y la apertura de los ayuntamientos al ciudadano.

El secretario general del PSE guipuzcoano, Miguel Buen, explicó que una de las medidas para asegurar la autosuficiencia financiera será fijar como mínimo un 15,5% de la cesta de impuestos que se define en la ley de Aportaciones para la financiación de los entes locales. El PSE ha cifrado que esa redistribución del dinero del erario público supondrá detraer de la partida destinada al Ejecutivo 100 millones de euros, que se repartirían al 50% consistorios y diputaciones.

Una vez fijado ese montante, el PSE aboga porque el 90% de esa aportación se reparta de forma "homogénea" entre todos los ayuntamientos, "porque los servicios que tienen que prestar son exactamente los mismos", y se deje el 10% restante "para las especificidades de cada territorio" en función de su población, número de escolares, capitalidad, esfuerzo fiscal, tasa de desempleo o número de inmigrantes, explicó Buen. En materia de competencias, el PSE no quiere tocar la Ley de Territorios Históricos en lo que se refiere a las atribuciones exclusivas de las diputaciones. De hecho, para los socialistas lo fundamental no radica en el listado de competencias, dentro de la aplicación del principio de subsidiariedad -"el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente al gobierno más cercano a los ciudadanos"-. Opinan que en las materias que "no estén expresamente atribuidas" a otras instituciones, el competente debe ser el municipio.

Para el PSE, "el problema viene siempre generado por aquello que una administración ajena puede imponer al nivel municipal", señala el documento en su exposición de motivos. Para asegurar esto, el proyecto fija en cinco artículos las 29 competencias municipales, entre ellas la participación en la elaboración y ejecución de los planes de vivienda, de infraestructuras públicas cuando discurran por el municipio y la regulación y prestación de los servicios sociales de asistencia primaria, así como la autorización de apertura de empresas.

El texto defiende la participación de los municipios en las leyes sectoriales del Gobierno o las normas forales que les afecten. En el caso de la delegación y encomienda de gestión de determinados servicios obligatorios, la ley "deberá prever la dotación o incremento de los medios económicos o de otra naturaleza que resulten necesarios". En caso contrario, el consistorio no estará obligado a asumir esa delegación.