Una promotora quiere expropiar monte protegido para urbanizar en Tomiño

Un macroproyecto inmobiliario pretende transformar dos millones de metros cuadrados de monte protegido, casi la mitad de la masa forestal que rodea la parroquia de Pinzás, en Tomiño, de 200 habitantes. La operación prevé construir 800 chalés y un complejo polideportivo con dos campos de golf. La inversión se estima en 37,8 millones, aunque la empresa no llega a pagar a los comuneros ni seis euros el metro cuadrado del terreno expropiable. Un informe de la anterior Xunta del PP ha facilitado el camino para dar un paso sin precedentes en la recalificación de suelo forestal para convertirlo en residencial.

El proyecto Coto Pinzás lo presentó en 2004 la promotora Raminosa S.L., con sede en Pontevedra, y ahora se encuentra en fase de exposición pública el estudio de impacto medioambiental que aportó la empresa, una vez que la modificación del planeamiento de Tomiño se aprobó inicialmente en junio de 2005, sólo con los votos del PP. Ahora, una vez cumplido este trámite, el proyecto necesitará el visto bueno de las consellerías de Medio Ambiente, Medio Rural, Cultura y Política Territorial antes de someterlo al Consello de la Xunta.

En junio de 2004, la promotora firmó un contrato con la Comunidad de Montes para disponer de 210 de las 532 hectáreas de la que es propietaria. En el documento se estipuló que un millón de metros cuadrados serían expropiados a un precio ya pactado que no llega ni a seis euros el metro cuadrado. Además, establecía que una vez firmado el contrato ningún comunero podría impugnarlo. El resto del monte comunal, 120 hectáreas, se cederían mediante concesión a 30 años para construir dos campos de golf, de 18 y 9 hoyos, piscinas, pistas de paddle, de tenis, de fútbol sala y de baloncesto, además de un picadero y zona de equitación, centro comercial, ambulatorio y otros servicios de hostelería. Un complejo que una vez construido revalorizaría los chalés en más del 30%.

A cambio, los 43 comuneros ya recibieron 60.000 euros y 12.000 más para pagar los abogados. La empresa también se comprometió a cederles la explotación de las instalaciones deportivas y públicas, además de 4,4 millones de euros, una vez resueltos los trámites de viabilidad de las obras. Pero los comuneros no recibirán todo ese dinero en efectivo, porque la empresa ya les ha dicho que les cederá un chalé de los 800 que proyecta construir para su sede social y un local comercial para cada uno. Todo ello en un lugar paradisíaco que cuenta, además, con mejores accesos desde la vecina Baiona que desde el centro mismo de Tomiño.

Sin embargo, esta operación que plantea no pocas incógnitas para el uso futuro del monte gallego cuenta con la oposición de la Asociación Ecologista de Baixo Miño (Anabam), el Instituto de Estudios Miñoranos (IEM) y la organización gallega de Comunidades de Montes, que encargó un informe al abogado Calixto Escariz Vázquez, miembro de la asociación Amigos del Monte. El letrado sostiene que "la fórmula propuesta, que aparentemente propone un cumplimiento de la ley, escapa de forma flagrante al efectivo de la norma porque es contraria al principio de indivisibilidad e inalienabilidad del monte". Para Escariz la transformación urbanística que se propone es absolutamente ilegal, según la vigente Ley del Suelo, y es necesario fomentar el carácter indisponible del monte para usos exclusivos de titularidad privada.

El paso que ha dado la Comunidad de Montes de Pinzás, que preside Miguel Meneses, candidato del PP en las pasadas elecciones municipales, ha contado con la oposición de al menos ocho de sus miembros. Francisco Blanco González es uno de ellos, a la vez que preside la Comunidad de Aguas de esta localidad. Cree que el proyecto es una ilegalidad pero ha deslumbrado a los vecinos que lo apoyan: "Estamos hablando de una parroquia agrícola y ganadera donde no hay agua corriente ni alcantarillado. Con tantas promesas de servicios y tecnología punta que dicen que van a traer piensan que esto será Hollywood. Somos una aldea olvidada. Unas familias a las que le hablan de diez millones de pesetas sólo piensan en el presente, y los que vengan detrás que arreen".

Para estos comuneros el contrato no sólo entra en contradicción con la Ley de Montes y del Suelo, sino además creen que hay intereses ocultos. De hecho, el contrato vencía a los dos años y ya pasaron tres. "No se trata de una carretera, que tiene una utilidad pública, es un proyecto privado para unos cuantos ricos. Hablamos de política y de urbanismo, de un bombazo especulativo porque lo que pagan es irrisorio", insiste Francisco Blanco. "La única manera de aprobar esto es retorcer la ley porque en nuestro marco legal es inviable".