Calp acumula cinco condenas del TSJ por no destinar la venta de suelo a VPO

El Ayuntamiento de Calp, gobernado por el PP con mayoría absoluta, acumula cinco sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por destinar los ingresos obtenidos por la venta de suelo municipal (7,5 millones de euros en total), a gastos e inversiones distintos a la financiación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), como marca la ley. Las resoluciones del alto tribunal -dos de ellas recurridas por el Consistorio- son consecuencia de sendos recursos a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

La Subdelegación de Gobierno ha impugnado en total 40 partidas de los presupuestos de Morató, que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas sino a gastos del equipo de gobierno entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano, equipos de aire acondicionado, el acondicionamiento de la calle de la Pilota y la ampliación efectuada en el edificio consistorial.

El alcalde, Javier Morató, argumenta que las inversiones efectuadas para acometer la piscina cubierta, la pista deportiva y el acondicionamiento de unas ermitas también se han extraído de la venta del suelo municipal. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia sostiene la ilegalidad de las mismas al estar financiadas con cargo a los fondos del suelo municipal cuya finalidad es "muy distinta", y añade que para estas obras se puede utilizar la partida de gasto corriente del Ayuntamiento.

Las alegaciones presentadas por el alcalde ante el Tribunal Superior de Justicia pueden ralentizar las sentencias emitidas en las que se obliga al Consistorio a restituir los fondos del patrimonio municipal. No obstante, el regidor ha adelantado no disponer de liquidez ni capacidad económica para hacer efectiva la sentencia.

En total, el Ayuntamiento de Calp cuenta en la actualidad con una deuda que asciende a 57,5 millones de euros entre deuda bancaria y derechos urbanísticos, lo que supera el 100% del endeudamiento permitido.

Según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en la que el TSJ ha basado sus resoluciones, a un municipio como Calp, de más de 10.000 habitantes, las bolsas de suelo municipales sólo pueden ser destinadas a la promoción de VPO. Según los técnicos del Ayuntamiento, el alcalde en esta legislatura debería haber promocionado 200 viviendas, sin embargo no se ha llevado a cabo ninguna en todo el término municipal en los últimos 14 años.