No más secretos que matan

2.500 millones de euros, o casi medio billón de las antiguas pesetas. Ése es el valor de las exportaciones españolas de armas desde 1998. Zapatero dice que su política exterior está comprometida con la paz, los derechos humanos y el desarrollo, pero ha prestado escasa atención al comercio de armas.

En España, hasta ahora es una Junta Interministerial, cuyas actas son secretas, la que decide si se autorizan o no las exportaciones de armas. Aunque se publica un informe oficial anual, éste no dice qué armas vende exactamente España a qué países. Lo que sí dice es que Colombia, Israel, Marruecos, China o Indonesia, donde se cometen graves violaciones de derechos humanos, son compradores habituales de armas fabricadas en España.

Hace poco, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para regular el comercio de armas, que se debatirá próximamente en la Comisión de Defensa del Congreso. Pero si no se modifica, no impedirá que armas españolas lleguen a países donde se violan los derechos humanos o que están inmersos en situaciones de pobreza, ya que no deja claros los criterios para autorizar o no las exportaciones.

Si EE UU, principal exportador mundial, informa con detalle de sus ventas y Suecia tiene un comité parlamentario que las controla, ¿por qué no España?

Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han hecho recomendaciones a los grupos parlamentarios sobre cómo debe ser esa ley. ¿Se las tomarán en serio.