Un varapalo a la sueca Ericsson

La junta de accionistas de Ericsson, que tuvo lugar el pasado miércoles en Estocolmo, pasará a la historia porque por primera vez en la vida del consorcio, una propuesta de los directivos, que contaba con el respaldo mayoritario de accionistas y empleados, resultó rechazada. La propuesta consistía en un plan de bonificaciones, que beneficiaría aunque con diferencias muy marcadas, a la cúpula, los jefes, y al resto de la plantilla.

El Gobierno anuncia una posible modificación de la ley para impedir que una minoría extranjera pueda condicionar una junta de accionistas

La idea, calificada por la dirección como de "incentivo" apuntaba, según los analistas, a estimular la participación y el compromiso de los trabajadores con la multinacional sueca de las telecomunicaciones, a través de la posibilidad de compra de acciones a los precios en curso, a deducir de sus sueldos, que se compensarían tres años después con una cantidad de acciones gratis, en una escala variable desde el doble a 9 veces más, según se tratara de un empleado "de a pie" o de un directivo.

La piedra en el zapato de una asamblea de un millar de accionistas -entre los que se encontraban desde miembros de la familia Wallenberg, el presidente del consorcio Michael Treschow y la cabeza más visible, el director ejecutivo Carl-Henric Svanberg hasta pensionistas poseedores de un paquetito de acciones- fue un abogado sueco, Alf-Peter Svensson, apoderado de unos 500 fondos de seguros de pensiones norteamericanos, propietarios del 11,5% del total de las acciones, que votó en contra.

La posición decisiva de ese 11,5% se explica por la existencia de una ley, impulsada por los pequeños accionistas y aprobada hace 20 años para defenderse de la voracidad de los directivos, según la cual toda propuesta referida a bonificaciones del personal debía tener un respaldo mínimo del 90% de los votos de los accionistas presentes.

Un silencio cargado de tensión recorrió el recinto del local donde se realizaba la asamblea, seguido de murmullos de indignación contra el disidente, porque éste no había fundamentado su voto. Una posición que Alf-Peter Svensson aclararía más tarde ante el asedio periodístico: "Ericsson es una gran empresa con muchos propietarios internacionales, que tienen diferentes puntos de vista. Mi tarea es votar de acuerdo a las instrucciones recibidas, pero no a explicar los motivos".

Consecuencias políticas

La votación de la junta de Ericsson, trascendió ampliamente el ámbito del consorcio y del sistema financiero sueco y tendrá consecuencias políticas. En este plano, el nuevo gobierno, en el que hay ministros, como el de Asuntos Exteriores, Carl Bildt, con grandes intereses empresariales locales e internacionales, y una actitud de mayor sintonía con esos intereses, anunció 24 horas después del accidente un estudio de la ley con vistas a una modificación para impedir que una minoría, extranjera como en este caso, pueda determinar situaciones similares. Intención que cuestionan más por motivos éticos que estrictamente económicos, algunos analistas al señalar que "la ley que defiende a los pequeños ahorradores ha cumplido sus cometidos y, una vez que se aplica, se quiere cambiar".

No han faltado tampoco las críticas hacia Michael Treschow y Carl-Henric Svanberg, presidente y director general del grupo, respectivamente, por no "haber hecho bien los deberes", según la expresión de Christer Elmehagen, director de uno de los fondos de pensiones, al no haber previsto la reacción de los accionistas extranjeros, en este caso de los norteamericanos, asesorados por la consultora Shareholder Services International (ISS) que atiende a 35.000 empresas en 115 países, especializada precisamente en el manejo de las juntas de accionistas. Sus recomendaciones no son un secreto y, según Elmehagen, debieron ser conocidas por los directivos de Ericsson antes de la asamblea.

El propio Svanberg admitió, en medio de la sensación de fracaso posterior a la junta,que la decisión los había "sorprendido en la cama". Y se refirió también a "diferencias culturales" como causa del voto negativo. Al parecer, el que no hubiera una exigencia de contraprestación por parte de los eventuales beneficiarios del programa de bonificaciones de Ericsson, es ajeno a las prácticas habituales en Estados Unidos.

El episodio ha generado también una doble preocupación. Por un lado, qué va a pasar en las juntas de accionistas de más de una veintena de grandes compañías suecas -Swedish Match, Alfa Laval, Assa Bloy, entre otras- en las que más del 50% de las acciones están en manos extranjeras. Y también la preocupación de que sea el comienzo de una tendencia, ya insinuada, de agrupamientos de los pequeños accionistas para equilibrar futuras decisiones.

El tema de las asignaciones de los directores de las grandes empresas, que muchos consideran excesivas, está frecuentemente en el debate mediático y político del país. Por el momento, se baraja la posibilidad de una junta extraordinaria de accionistas en los próximos meses para presentar una propuesta con modificaciones, que pudiera obtener la aprobación.