Archivada la denuncia por cobros ilegales en Nàquera

La Fiscalía de Valencia ha archivado las diligencias que abrió hace casi un año para investigar supuestas irregularidades en torno a la ubicación de la empresa Recomar en una parcela rústica de Nàquera que después fue recalificada. Recomar alquiló la parcela a través de un mediador al que pagó cantidades importantes, muy superiores a lo que cobraba el propietario. Sobre ese dinero se sospechó de una financiación ilegal del PP.

Al final, Recomar compró la parcela pero siguió pagando alquiler varios meses

La sucesión de corporaciones en el Ayuntamiento de Nàquera entre 2003 y 2004 por mociones de censura y alianzas que tenían el urbanismo como fondo de las divergencias no ha facilitado la investigación de la Fiscalía en este caso. El decreto de archivo de la Fiscalía de Valencia no dice que las supuestas irregularidades que se denunciaron no hayan ocurrido, sino que no existe medio probatorio como para presentar una denuncia en los tribunales.

Los hechos bajo sospechas se inician en 2004. Entonces, poco después de las elecciones municipales, el socialista Francisco Arnal, tránsfuga al PP, establece un convenio con la empresa Recomar, dedicada al almacenaje de contenedores que tuvo sede en el puerto de Valencia, en julio de 2003. En virtud de ese preacuerdo, se permite a Recomar almacenar contenedores en una parcela de Nàquera calificada como suelo rústico. Ese convenio, dice la fiscalía, lo suscribió Arnal pese a la oposición de varios miembros del grupo municipal y sin consultar a técnico alguno. Ese acuerdo contiene la siguiente estipulación: "En el supuesto de que se denegase la declaración de interés comunitario por la Consejería correspondiente y Recomar interpusiese recurso administrativo contra dicha resolución y posterior trámite judicial de recurso contencioso administrativo contra la misma, el Ayuntamiento de Nàquera se compromete a no decretar el cierre de la actividad hasta que sea firme la resolución confirmatoria de la denegación". Es decir, Recomar blindó su implantación en Nàquera.

El dueño de la finca, Fernando Traver Sabater, la alquila a Pascual Martínez Oliver (PP) por un año desde julio de 2003 por 8.000 euros al mes. Martínez Oliver, que figura como mediador, la subalquila a Recomar por 17.000 euros al mes. En febrero de 2004, la Alcaldía resuelve el cese de la actividad de Recomar. Pero lejos de que la mercantil se sintiera amenazada, en mayo de 2004 compra la parcela por más de tres millones de euros. Hasta julio de ese mismo año, paga también el alquiler a Martínez Oliver. Y una vez finalizado el contrato con él, le indemniza con 500.000 euros. La denuncia de la Fiscalía y el propio ministerio público entendieron que existían indicios de financiación ilegal del PP. La fiscalía se pregunta a lo largo de un folio por el sentido de la transacción, del preacuerdo, de la compra de terrenos, de la aparente oposición del consistorio a través de los plenos y la posterior integración de la finca de Recomar en un PAI que ha terminado por legalizar su establecimiento en Nàquera. Las sospechas, dice la fiscalía, no son suficientes para presentar una denuncia ante un juzgado, máxime si después de casi un año de investigación no se han encontrado indicios.

Ese mismo decreto archiva también la investigación sobre las obras de urbanización de un polígono industrial sin que previamente se hubiese desarrollado el sistema de saneamiento y, por lo tanto, sin que existiera solución al problema de los residuos que las empresas allí instaladas pudieran generar. La Fiscalía entiende que podía hacerse de manera más oportuna pero que no hay ilegalidad ninguna.