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El Ararteko pide un cambio radical para potenciar el alquiler y no la venta de VPO

Menos de un 20% de los pisos protegidos promovidos por Gobierno y consistorios se arrienda

El Ararteko reclama un cambio "radical y rotundo" en la actual política de vivienda seguida por las instituciones de la comunidad para favorecer y potenciar al máximo el régimen de alquiler en detrimento de la venta de las viviendas de protección oficial (VPO). las instituciones no han superado aún, a juicio del defensor del pueblo vasco, la escasa cultura del alquiler imperante en España frente a la de otros países de la unión europea, como Alemania o Francia, y por eso siguen apostando en sus promociones por la venta de las viviendas protegidas a través de los sorteos.

Para el Defensor del Pueblo Vasco, el alquiler es la fórmula que mejor hace compatible los intereses públicos de atención a la necesidad de vivienda. En la actualidad, menos del 20% de los pisos protegidos que promueven las instituciones, fundamentalmente Gobierno y ayuntamientos, va destinado al arrendamiento.

Además, en el caso del alquiler social (los pisos más baratos destinados a los ciudadanos con las rentas más bajas) éste se adapta específicamente a las posibilidades reales de acceso a vivienda de las personas más necesitadas. Estas reflexiones figuran en el informe de actividad correspondiente a 2006, en el que dedica un amplio capítulo a la cuestión de la vivienda, que en la actualidad es la principal preocupación de los vascos por delante de temas como la sanidad, el empleo o el terrorismo.

En esta línea, el Ararteko está ultimando un informe monográfico sobre los problemas de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes, que previsiblemente presentará a finales de este mes. Menos de un 5% de las familias vascas vive de alquiler, el porcentaje más bajo de España y a una distancia enorme de lo que ocurre, por ejemplo en Alemania, donde alrededor del 75% del parque de viviendas es en alquiler.

En su informe anual, el Ararteko constata que los esfuerzos públicos en materia de vivienda se han dirigido fundamentalmente a la creación de nuevos pisos protegidos, primando, en la práctica, el destino de las mismas a la venta, ya sea en régimen de propiedad o en derecho de superficie (a partir de 2003).

Casas más baratas

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Según el Defensor del Pueblo, entregar los pisos protegidos a la venta presenta importantes disfunciones e inconvenientes. Entre otros, la dificultad de mantener viva la acreditación a lo largo de los años de que la situación de necesidad de un piso que dio lugar a esa venta se mantiene. "A lo largo de los años pueden alterarse de manera sustancial las condiciones personales y económicas de los habitantes de dichas viviendas, sin que ello incida en una modificación de las facultades de uso y disfrute de esa casa. Y no hay que olvidar que ese tipo de viviendas son un beneficio social y una inversión pública sólo justificados por la necesidad".

Otra de las reflexiones que apunta el informe es la necesidad de que los alquileres de los pisos de protección oficial sean más baratos. El Defensor del Pueblo Vasco advierte de que en muchos casos estos alquileres se acercan a los precios de mercado. "Si bien es cierto", apunta, "que los alquileres de VPO -más aún en el caso de las viviendas sociales- se computan en función de los ingresos de las personas demandantes, sin embargo constatamos que, pese a todo, resulta que los precios de alquiler de algunas VPO siguen representando para muchas personas una proporción excesiva de sus ingresos. Se trata de un problema que afecta a la totalidad de la vivienda en nuestro entorno territorial".

Por ello, los esfuerzos públicos dirigidos a ampliar el parque de pisos en alquiler son "absolutamente necesarios y deben estar dirigidos a primar a los sectores sociales con mayores dificultades de acceso a la vivienda". Esta idea queda reflejada en el Plan Director de Vivienda 2006-09 elaborado por el Departamento de Vivienda, en el que se apunta que alrededor de un 30% de los pisos protegidos que se creen en este periodo irán al alquiler.

Sin embargo, fuentes del Ararteko cuestionaron estos datos al apreciar que en algunos casos se trata de crear un parque transitorio de vivienda en alquiler. Es decir, que al cabo de diez años esos pisos pasarán a ser propiedad del inquilino. "Desde el Ararteko apoyamos sin reservas el que la Ley de Suelo conceda el 75% del suelo urbanizable a VPO porque se trata de una finalidad social, pero esa finalidad queda mejor reflejada en pisos de alquiler que en propiedad. Al hablar de propiedad se habla de un interés particular y pierde su carácter social", señala esta fuente.

Percepción de los jóvenes

En esta línea, crítica abiertamente los exhaustivos controles que deben pasar los actuales inquilinos de pisos en alquiler protegidos o sociales para comprobar que sus rentas no han subido en contraposición con el menor control que hay sobre los propietarios de casas de protección oficial.

A pesar de que el régimen de alquiler representa a una pequeña parte de las familias que viven en la comunidad, los últimos datos del informe del departamento de vivienda sobre la situación del alquiler en Euskadi en el año 2005 confirman el avance en la aceptación social de esta fórmula, sobre todo entre la población joven con necesidad de acceder a su primera vivienda.

El 72% de los jóvenes encuestados que quieren emanciparse y el 43% de las familias que necesitan cambiar de vivienda habitual con cierta urgencia aceptan la fórmula del alquiler. La renta que más se ajusta a sus posibilidades ronda los 300 euros al mes.

Pisos vacíos

La movilización de la vivienda vacía para sacarla al mercado de alquiler es una de las herramientas con las que trabaja el departamento a través de su programa Bizigune. Contando las viviendas promovidas por el Gobierno y los ayuntamientos, y las recuperadas a través de Bizigune, el parque de pisos de alquiler protegido pueden rondar los 10.000. Las aspiraciones del Gobierno es que Bizigune vaya a más. La fórmula garantiza a los dueños del piso el cobro de un alquiler (menor que el del mercado libre) y la entrega de su piso cuando finalice el contrato de arrendamiento en perfectas condiciones.

Precisamente, esta es una de las circunstancias que más reticencias provoca en los dueños de estas viviendas, ya que en algunos casos prefieren mantenerlas desocupadas al no saber qué tipo de inquilino meten en ella.

Otra de las medidas para sacar la vivienda vacía al mercado es la imposición de un canon a los dueños de estos inmuebles. Por ahora, el departamento, dirigido por Ezker Batua, se ha limitado a lanzar la idea, aunque no la ha debatido en profundiidad ni con ayuntamientos, ni con las diputaciones.

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