Nuevos aires rurales

El Ministerio de Agricultura iniciará esta semana conversaciones con comunidades autónomas, Federación de Municipios y el conjunto de interlocutores sociales y económicos para la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural. La norma era uno de los ejes del programa agrario socialista para esta legislatura y se espera que sea aprobada en este periodo de sesiones y, aunque no se llegue a aplicar, que se elaboren los programas para el desarrollo rural.

Los objetivos de la ley, cuyo primer anteproyecto fue estudiado el 30 de marzo por el Gobierno, se concretan en la ampliación de la actividad económica en el medio rural, el mantenimiento y la mejora de las condiciones de la población, elevando sus niveles de bienestar, así como en la conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural.

La nueva ley afectará al 35% de la población nacional y al 80% de los municipios ubicados en el 90% de toda la superficie. Desde la perspectiva del territorio, la nueva disposición estará dirigida en primer lugar a las zonas rurales a revitalizar, que suponen el 46% de los municipios con sólo el 11% de la población, pero con el 52% de la superficie, así como para todos los municipios incluidos en la Red Natura.

Un segundo objetivo se concreta en las zonas rurales intermedias, que suponen el 29% de los municipios con el 13% de la población y el 26% de la superficie. Finalmente, se pretende incidir sobre las zonas rurales periurbanas (periferia de las ciudades), el 22% de los municipios con el 19% de la población y el 14% de la superficie. En conjunto, afectaría a unas 124.000 explotaciones en zonas de montaña, 165.000 en zonas a revitalizar y 207.000 en la Red Natura 2000.

Profesionales del sector

En el ámbito personal, la nueva ley está dirigida fundamentalmente hacia los profesionales del sector agrario cuyas rentas procedan al menos en un 25% de esa actividad. Igualmente, serán preferentes las explotaciones ubicadas en una zona prioritaria o calificada como de agricultura de montaña con una dimensión económica inferior a las 40 unidades, equivalentes a 48.000 euros.

Agricultura ha redactado el texto, pero su retraso se ha debido a la dificultad para incluir los objetivos y competencias de 12 departamentos ministeriales, junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Organizaciones agrarias y cooperativas esperan que el texto final se haga mediante consenso y que se disponga de recursos financieros.

Se trata de una ley que apoya una actividad agraria sostenible y rentable, basándose en dos objetivos. Primero, potenciar otras actividades económicas en el medio rural; y segundo, poner en marcha un programa de servicios e infraestructuras dependientes de 12 ministerios para facilitar la vida en ese medio en igualdad de condiciones que los habitantes del medio urbano.

Para la aplicación de esta ley, el Gobierno propone, entre otros organismos, un Consejo para el Medio Rural, donde estarán presentes todas las administraciones, y un Fondo Estatal para el Desarrollo Rural. Su ejecución se llevará a cabo a través de los Programas de Desarrollo Rural Sostenible.