Los 'malayos' vuelven al Ayuntamiento

Unos se van y otros vuelven. Los 16 miembros de la Comisión Gestora que gobierna interinamente el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la disolución del consistorio -decretada por el Gobierno hace un año y un día- comienzan a preparar las maletas, después de llevar cierta normalidad a un municipio cuyo nombre evoca a partes iguales turismo y corrupción. Mientras tanto, algunos de los imputados en la operación Malaya, así como cargos de confianza de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, supuestos responsables de la degradación de Marbella, vuelven a asomar por las dependencias municipales para recuperar sus puestos de trabajo.

Los jueces han declarado nulos varios de los despidos de los ex altos cargos del GIL

El ex jefe de la Policía Local ha denunciado al responsable actual por quitarle los galones

Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción política destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, o el ex concejal del Grupo Indpendiente Liberal (GIL), Rafael González, empleado en la Delegación municipal de Hacienda. Otros trabajadores, como el ex jefe de gabinete de Yagüe, Miguel Ángel Ordoñez -que no está imputado- están en vías de hacerlo. Las reacciones ante su presencia son múltiples. "Son como apariciones, no sabes muy bien cómo enfrentarte a ellas", comenta una funcionaria.

La escena no deja de ser curiosa. El pasado miércoles anunciaban la presencia del ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, en dependencias municipales entre cuchicheos. "Mírale, si hasta se ha pedido un uniforme de los nuevos". Del Pozo -a quien el juez Miguel Ángel Torres acusa de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, tenencia ilícita de armas, encubrimiento o tráfico de influencias en el marco de la operación Malaya- se paseaba sonriente por la tercera planta. La justicia ha obligado a la gestora a readmitirle después de que el pasado 21 de marzo le suspendiera de empleo y sueldo y le abriera un expediente disciplinario "para preservar la imagen del cuerpo policial". La Fiscalía de Málaga y el órgano gestor han vuelto ha pedir al juez que impida que Del Pozo regrese al Ayuntamiento.

El ex jefe de la Policía Local trabaja como asesor en materia de seguridad de la corporación municipal y tiene despacho en el ayuntamiento. El vocal de Seguridad, Carlos Rubio, se ha esforzado en dejar muy claro que el superintendente no tendrá mando operativo sobre los grupos policiales. En los próximos días los tribunales decidirán si Del Pozo conservará su nuevo puesto, por el que seguirá cobrando unos 5.800 euros brutos mensuales, o le apartan del trabajo hasta que haya sentencia firme en el caso Malaya.

Mientras Del Pozo saludaba a sus compañeros de trabajo tras haber denunciado al actual jefe accidental del cuerpo, Rafael Mora, por haberle retirado los galones de superintendente de su uniforme, otro imputado en el caso de corrupción municipal irrumpía en la cafetería del ayuntamiento. El ex concejal del GIL Rafael González -que acaba de obtener el tercer grado penitenciario tras su condena en el caso Proinsa por una licencia de obras en zona verde concedida en 1999- hacía una pausa para tomar el desayuno.

Antes de dedicarse a la política, González trabajaba haciendo liquidaciones de plusvalía en la Concejalía de Hacienda, cargo que ha recuperado, aunque se le mantiene alejado del trato con el público. Tras advertir su presencia en la cafetería, uno de los vocales de la gestora abandonaba molesto el establecimiento comentando a sus acompañantes: "Bueno, quedáis en buena compañía".

González, detenido en la segunda fase de la operación Malaya, está imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. El 13 de marzo, apenas una semana antes de salir de prisión, declaró en un juzgado de Marbella por otras cuatro causas relacionadas con convenios urbanísticos irregulares.

En su labor de depuración de las cuentas municipales, la gestora ha despedido a 17 ex cargos de confianza contratados en la época del GIL porque "ni desempeñaban ni podían desempeñar las labores para los que estaban contratados" y cobraban sueldos entre 4.000 y 10.000 euros mensuales. Sin embargo, los jueces han declarado improcedentes algunos de estos despidos. Es el caso del ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, quien tras varias semanas en prisión se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes, o de Miguel Ángel Ordóñez, persona a través de la que Marisol Yagüe se comunicaba con el exterior en su época de alcaldesa. Ordóñez volverá a cobrar unos 6.000 euros mensuales.

El convenio de los trabajadores del entramado de empresas municipales creado por el GIL establece que en caso de despido improcedente, los empleados tendrán derecho a reincorporarse a su puesto o a ser indemnizados. A esta última opción se ha acogido, según fuentes municipales, Carmen Revilla, ex edil y ex presentadora de la televisión municipal de Marbella.