Un año y un día de normalidad

El 9 de abril de 2006, Domingo de Ramos, Diego Martín Reyes se encontraba de turismo con su esposa y unos amigos en Albarracín (Teruel), cuando recibió una llamada en su móvil. Era de Marisa Bustinduy. La secretaria provincial del PSOE malagueño le comunicaba que el partido estaba barajando su nombre como presidente de la Comisión Gestora de Marbella, órgano que sustituiría al Ayuntamiento disuelto dos días antes por el Consejo de Ministros tras la entrada en prisión de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y otros tres concejales en la trama de corrupción supuestamente encabezada por el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

Martín Reyes, abogado de 54 años y ex miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, fue ratificado el Viernes Santo por la mañana, tras una semana de negociaciones discretas entre PSOE, PP, IU y PA para la formación del órgano de gobierno accidental. Esa misma tarde comunicó su aceptación. "No había tiempo para pensárselo", recuerda. Un año y un día después de la disolución del consistorio, Martín Reyes considera que "el logro más importante de la comisión gestora ha sido normalizar la vida municipal de Marbella", precisamente el objetivo -nada sencillo- para el que fueron nombrados los 16 vocales.

El urbanismo, elemento central pero no único de la corrupción que atenazó a Marbella tras 15 años de gobiernos del GIL, ha sido uno de los aspectos en que más se ha centrado la acción de la gestora, a pesar de que la Junta de Andalucía había quitado al municipio muchas de las competencias en esta materia. "Hemos devuelto la disciplina urbanística a la ciudad. Concedemos licencias legales y hemos revisado más de 160 licencias ilegales. Además, hemos impuesto sanciones por valor de más de 60 millones de euros". Una de las multas más cuantiosas, en fase de recurso, ha correspondido a El Corte Inglés, con 14,6 millones de euros por aumentar la edificabilidad de un edificio sin licencia. Otro promotor muy sancionado es el granadino José Ávila Rojas, con tres expedientes por valor de casi 15 millones de euros.

Sin embargo, no todo han sido problemas urbanísticos. "Creo que hemos mantenido sin que haya habido problemas la actividad municipal y los servicios públicos. Tal vez se haya dado, al principio, un deterioro en el tema de limpieza, pero se ha conseguido solucionar", afirma el presidente de la gestora. Además de conseguir que el Ayuntamiento, con unas arcas absolutamente esquilmadas por la acción de los corruptos, no sufriera un colapso, Martín Reyes y sus compañeros se han propuesto devolver la legalidad y la seguridad jurídica al Ayuntamiento. "Hemos restablecido los procedimientos de legalidad para la contratación de obras, servicios y personal".

Precisamente, la vocal de personal, Josefa López, ha sido una de las que más trabajo ha tenido. La gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos, lo que supone un ahorro mensual de 164.772 euros. Sin embargo, los jueces están revocando algunos de los despidos decretados, lo que ha supuesto una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.

El órgano de gobierno adjudicó el pasado 15 de marzo un contrato con una consultora privada para la elaboración de una relación de puestos de trabajo acorde con las "necesidades reales" del Ayuntamiento, que gasta el 76% de su presupuesto en recursos humanos, frente al 35% de media en Andalucía y el 33% del resto de España. Esta relación depuestos de trabajo deberá tener en cuenta la gran población no censada de la ciudad, con un padrón de 125.519 habitantes.