'Hiyabs' bajo los invernaderos
Los empresarios alaban el trabajo de las temporeras marroquíes contratadas en origen para la fresa de Huelva
Hafita Alaui es marroquí, de 33 años. Hace menos de una semana que llegó a Palos de la Frontera (Huelva) y es la primera vez que trabaja en la fresa. Las arranca con delicadeza de las matas y ordena los frutos en envases de plástico. Los empresarios agrícolas de Huelva esperan contratar este año a unas 5.000 temporeras marroquíes como Hafita.
No le molesta el hiyab que le cubre la cabeza, el pañuelo que usan las mujeres que profesan la religión islámica. Le gusta llevarlo y no le importa el calor. A Hafita Alaui tampoco le sorprende que le pregunten por esa prenda. Por eso, responde con educación: "No me estorba para coger las fresas"
La campaña de 2007 empezó con mal pie. De las 10.000 trabajadoras rumanas que esperaban los agricultores como agua de mayo han faltado unas 7.000. El miedo a que gran parte de la cosecha terminase pudriéndose en los invernaderos hizo volver la mirada de la patronal a Marruecos. Así, en colaboración con el programa Aeneas -ideado por el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), para fomentar la contratación de marroquíes- muchos empresarios viajaron hasta allí para seleccionar en origen a trabajadores que pasasen entre tres y cinco meses recogiendo fresas. Su objetivo era encontrar, preferentemente, mujeres con cargas familiares con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato en Huelva y su posterior retorno a Marruecos.
Hafita, que procede de un pequeño pueblo cercano a Casablanca, cumple, como sus compañeras, con el perfil. Está casada y tiene tres hijos, de entre dos y siete años. "Mi marido se ha quedado. No ve mal que yo esté aquí. En Marruecos gano menos de seis euros al día vendiendo fruta y aquí gano casi 34 euros por día", señala. "El dinero lo mando a mi casa para que mis hijos puedan tener comida y comprar lo que necesitan para la escuela", continúa Hafita, contenta del trabajo.
Ella, como el resto de sus compañeras marroquíes y rumanas, vive en la misma finca, en casas cedidas por el agricultor, que sufraga la luz, el agua y el gas. Las habitaciones son para dos o tres personas y se comparte una cocina, un comedor y un cuarto de baño con ducha. La manutención, así como el viaje de vuelta, corre a cargo de las jornaleras. Su sueldo, estipulado en el convenio, es de 33,60 euros por día trabajado, en turnos de seis horas y media.
"Es la primera vez que hacemos una contratación en origen importante en Marruecos y esperamos que la experiencia sea buena, pero contamos con que podemos perder parte de la mano de obra, desde un 3% a un 8% de los trabajadores, esas cifras las podemos tolerar", explica Manuel Piedra, representante de la cooperativa Cora. Y es que los trabajadores magrebíes, así como los subsaharianos, no gozaban hasta ahora de muy buena fama en Huelva. La razón, explican los agricultores, estriba en que muchos no cumplían la totalidad de la campaña y, si surgía otra en cualquier punto de España, se marchaban, dejando al agricultor sin manos para la cosecha.
A la cooperativa Cora pertenece Luis Cabezas, propietario de la finca donde trabaja Hafita Alaui, en Palos de la Frontera. Luis ha contratado este año a 11 trabajadoras marroquíes pero ya ha sufrido la marcha de dos de ellas. "No lo entiendo, de repente se fueron sin dar explicación. Una, incluso, se ha dejado el pasaporte", exclama. A pesar de todo, el agricultor se muestra muy satisfecho con el trabajo de estas mujeres. "Llevan pocos días pero son muy duras, más que las del Este", dice observando cómo Hafita y su compañera Saquiya Sheli, de 41 años, completan las cajas que transportan en carretilla y que llevan a los camiones.
"El trabajo es cansado, sobre todo para la espalda, pero yo estoy acostumbrada a trabajar en el campo", dice Saquiya, que vive cerca de Tánger con sus tres hijos.
"Las marroquíes no dan ningún problema. Y ya tengo comprado dos animales para la fiesta del último día. Y el último día de trabajo, en la fiesta que organizaremos, haremos cerdo para las rumanas y cordero para las marroquíes", avanza un sonriente Luis Cabezas.
Un año de sustos
No está siendo un año tranquilo para los freseros. La asociación ecologista Adena ha fomentado una campaña de "consumo responsable". Los conservacionistas exigen que toda producción sea "legal y sostenible". La patronal tilda la campaña de auténtico boicoteo.
"Pedimos que se reestructure el espacio agrario y que los mercados asuman su responsabilidad de no comprar productos que se produzcan en suelos no aptos para ello o regados de manera ilegal. Es necesario una producción legal y sostenible", afirma Guido Schmidt, responsable del programa de aguas de Adena.
"Hemos empezado con el fresón de la zona de Doñana, pero creemos que habrá que extenderlo a otros productos" añade el representante ecologista, quien reclama una mayor implicación de la Junta en el problema. "Si no hay voluntad política de hacer esto, pediremos a los supermercados que opten por otros proveedores que sean legales", añade.
Además, José Cabrero, parlamentario andaluz de IU, solicitó la semana pasada la comparecencia de la consejera de Gobernación, Evanjelina Naranjo, para aclarar supuestas irregularidades en las condiciones laborales de los temporeros. Entre otras cosas, Cabrero critica que hay residencias que "no reúnen las circunstancias mínimas de habitabilidad y algunos, simplemente, son alojamientos improvisados donde malvive el trabajador". Además, dijo que los jornaleros están alejados de núcleos urbanos, lo que "produce un importante movimiento de gente que deambula por las carreteras para llegar a los pueblos".
Manuel Romero, responsable de la mayor patronal, Freshuelva, pidió el miércoles que Adena abandone los foros agrarios en los que viene trabajando.
Manuel Piedra, de Cora y representante de la Unión de Pequeños Agricultores, criticó el escaso conocimiento que sobre el sector tienen tanto la asociación ecologista, como el parlamentario de Izquierda Unida. "Puede haber casos aislados en que haya fincas ilegales o empresarios que no ayuden a sus trabajadores. Pero esos casos son mínimos y no se puede generalizar", afirmó Piedra.
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