Abogados y fiscales reclaman más espacios en la Ciudad de la Justicia de Málaga

La Ciudad de la Justicia de Málaga ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a dos cuerpos irreconciliables por definición. Abogados y fiscales reclaman más espacios propios en la nueva sede judicial única malagueña, a la que comenzarán a mudarse el próximo verano y que entrará en servicio antes de finales de año. Los representantes del ministerio público critican que en el que va a ser el mayor edificio administrativo de Andalucía, un tercio de ellos deberá compartir despacho con compañeros, lo que "resulta poco compatible con sus competencias de instrucción".

"Lo deseable es que todos los fiscales dispongan de un despacho individual, ya que, para determinadas actuaciones se requiere un secreto absoluto", asegura Manuel Villén, fiscal jefe de la Audiencia de Málaga. De los cerca de 60 fiscales que trabajan en la provincia, aproximadamente 40 disfrutarán de despacho propio en la Ciudad de la Justicia, la primera sede judicial unificada de la comunidad. El resto, de momento, deberá compartir instalaciones con un compañero.

"Antes no había problema para que compartiéramos habitación porque no instruíamos", señala el teniente fiscal Antonio Morales. "¿Se puede uno imaginar a una mujer maltratada contando su caso y que en la mesa de al lado haya una persona ajena, aunque sea otro fiscal? ¿O que un fiscal anticorrupción no esté solo con la necesidad de secreto que hay? Se está aplicando un esquema antiguo a un edificio nuevo", asegura el número dos de la Fiscalía malagueña.

Aunque, según el fiscal jefe Villén, los despachos aún no han sido asignados y se repartirán "por criterios de antigüedad y función del fiscal", muchos fiscales ya han acudido a conocer el espacio en el que trabajarán a partir del próximo otoño, si se cumplen las previsiones. En cualquier caso, la situación mejorará ya que en el Palacio Miramar, actual sede de la Audiencia y de los juzgados de Instrucción y de lo Penal, algunos despachos albergan a hasta cinco fiscales.

Los abogados tampoco se muestran conformes con el espacio que la Consejería de Justicia prevé para ellos. "Estamos negociando que nos den unos espacios mínimos para poder trabajar con dignidad", asegura Flor Carrasco, la vocal del Colegio de Abogados de Málaga encargada de las relaciones con la administración de Justicia y que ha visitado el edificio en varias ocasiones. Los letrados reclaman una sala junto al juzgado de guardia, otra para la orientación jurídica -la llamada "justicia gratuita"-, así como espacios para guardar las togas y poder reunirse con sus clientes. En la provincia de Málaga ejercen unos 5.000 abogados .

La Ciudad de la Justicia, que albergará todas las jurisdicciones de la capital, cuenta con 70.000 metros cuadrados construidos, el doble de lo que ocupan actualmente las distintas sedes judiciales malagueñas. A pesar de esta enorme extensión, los distintos operadores judiciales creen que el edificio no tardará en quedarse pequeño para las necesidades judiciales de la provincia. Francisco Javier Arroyo, magistrado presidente de la Audiencia, calcula que la nueva sede dará un servicio óptimo "unos 15 años". El espacio que se estrena a final de año dispone de sitio para albergar los ocho nuevos juzgados que están previstos. "Unificar los juzgados y las salas sólo puede traer ventajas y facilitará el trabajo de todo el mundo. Por ejemplo, ahora se suspenden muchos juicios porque la gente se equivoca de sede. Eso no volverá a pasar", afirma Arroyo.

José María Vico, delegado regional de Justicia de CC OO, cree que la Ciudad de la Justicia "romperá la distribución jerárquica de los juzgados tradicionales, en las que los jueces tienen despachos de 20 metros cuadrados y los funcionarios están apiñados y donde se mezclan los denunciantes y los denunciados en los pasillos". No obstante, Vico echa de menos unos "locales sindicales dignos".

En la Ciudad de la Justicia se concentrarán a diario unos 1.200 funcionarios, 300 trabajadores externos y 3.500 usuarios, que llegarán a la barriada de Teatinos por unos accesos ya muy saturados y que al llegar se encontrarán con grandes dificultades para aparcar. "Hasta la llegada del metro, con 3.000 o 4.000 vehículos diarios más, el colapso puede ser terrible", afirma Arroyo. El edificio dispone de 166 plazas de aparcamiento, a las que se sumarán otras 600 en un terreno aledaño. CC OO pide que se mejore el servicio de transporte público a la zona y que los aparcamientos interiores "no se destinen a privilegiar a jueces, magistrados y altos cargos".